Manuel Maurín Álvarez es Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad d’Uviéu

Cuando se produjo la irrupción del Covid-19, en el primer semestre del 2020, Asturias ya había alcanzado el apogeo de todas sus crisis. La crisis minera y energética, iniciada décadas atrás, culminaba con el cierre de las pocas explotaciones de carbón que permanecían activas en 2018 y de gran parte del parque termoeléctrico al año siguiente; la industrial, que arrastraba sucesivas reconversiones desde los años ochenta, se aceleraba con los procesos de deslocalización y las presiones de las multinacionales electrointensivas; y la crisis ganadera (también de largo recorrido) se manifestaba en las cifras históricamente más bajas de empleo en el sector y de contribución a la riqueza de la comunidad autónoma. El reflejo demográfico, con las tasas más elevadas de envejecimiento, el decrecimiento vegetativo, la pérdida de población y la emigración joven, venía a certificar el estado agónico de la economía regional y a realimentar la propia crisis.

En paralelo, la UE había presentado en diciembre de 2019 un ambicioso proyecto de dinamización (el Green Deal o Pacto Verde Europeo) que pretendía dar un giro notable al modelo productivo heredado de la segunda revolución industrial, hacia una economía mucho más verde y descarbonizada y en el que se incluían importantes ayudas para garantizar una “Transición Justa” en los territorios que -como Asturias- estaban sufriendo ya las consecuencias del cambio energético.

Y el nuevo gobierno español, apenas constituido, se situaba en la misma senda con la creación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la implementación, con fondos adicionales, de los Convenios de Transición Justa para las comarcas mineras. En ambos casos se trata de políticas anticíclicas, con una fuerte inversión pública y claramente desmarcadas de las prácticas neoliberales de las últimas décadas.

En este contexto, la pandemia ha venido a confirmar y acentuar los problemas previamente existentes, pero también a reforzar la idea de que el rumbo de la transición, apenas iniciada, no solo era el adecuado (dentro de los márgenes que permite la Europa de los mercados), sino que necesitaba un refuerzo y una aceleración. Y de ahí surge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acompañado de los nuevos fondos del Next Generation EU, cuyo objetivo es amortiguar los efectos más inmediatos y lesivos de la crisis sanitaria y económica pero priorizando, además de las sociales, las inversiones y reformas verdes y digitales: cada plan de recuperación y resiliencia deberá incluir un mínimo de 37% del gasto relacionado con el cambio climático y un 20% para fomentar la transformación digital. Nada de cemento.

Volviendo a Asturias, parece necesario plantear los retos que se deberían abordar para aprovechar adecuadamente las ayudas que se avecinan, señalando los campos preferentes de actuación en función de un diagnóstico sobre los recursos existentes y las necesidades más acuciantes, siempre en el marco de la transición hacia el nuevo modelo que se perfila en el plan de recuperación. Sin entrar al detalle parece lógico que, dada la configuración territorial de Asturias y sus evidentes contrastes, sería importante diferenciar (más allá de los temas sectoriales) dos grandes líneas de intervención preferentes, una para el espacio rural y otra para el área metropolitana central.

La primera línea tendría que basarse en los Programas de Desarrollo Rural Reforzados que se incluyen en los fondos Next Generation EU y que están destinados a desarrollar las estrategias para mejorar la biodiversidad y garantizar un abastecimiento alimentario saludable y de proximidad (Farm to fork), además de saldar el reto pendiente de la digitalización en el medio rural como base para revertir el proceso de vaciamiento y mejorar su atractivo residencial y económico. Y en el área central (donde también se podría aprovechar el Mecanismo para una Transición Justa Reforzado, además de los otros programas), sería prioritario avanzar en la transición energética, en la industria e infraestructura verde, la economía circular, los nuevos modelos habitacionales y la integración basada en el transporte sostenible y, especialmente, en las cercanías ferroviarias.

Esta estrategia  permitiría a Asturias aprovechar la oportunidad (quizás la última) de los fondos europeos para abrir un nuevo ciclo de desarrollo sostenible pues el perfil regional, con sus problemas y potencialidades, se ajusta en gran medida al que se plantea en los instrumentos de reactivación y transición socioeconómica, pero persiste un obstáculo que puede dar al traste con todo el proceso, como ya ocurrió en otras ocasiones anteriores: la inercia frente al cambio de los viejos poderes económicos, anclados en su posición privilegiada y en el control del entramado productivo caduco o, lo que es peor, que sean dichos poderes los que acaparen el grueso de las inversiones, desviándolas del objetivo genuino en razón de sus intereses inmediatos y de su incapacidad renovadora.

La vieja oligarquía española, con un pasado reciente vinculado a la especulación financiera y a las grandes obras, ya ha empezado a moverse para evitar que la fijación de criterios, la aprobación de proyectos y su adjudicación recaiga en los organismos gubernamentales, proponiendo una “estructura de gobernanza” de carácter técnico en la que se supone que ocuparían un papel destacado los especialistas de sus propios think tank (como Funcas o Fedea).

Y no tardaremos en ver propuestas similares en Asturias; propuestas que, disfrazadas con el viejo lenguaje de la concertación de los agentes sociales o los nuevos conceptos de la innovación, la inversión privada, las start-ups y hasta la sostenibilidad, no esconderán más que la estrategia para ocupar, una vez más, una posición privilegiada en la toma de decisiones y el reparto de los fondos por parte de los grupos regionales (y multinacionales) de presión; los mismos grupos parasitarios que se han venido lucrando durante décadas de los fondos estructurales o de los fondos mineros mientras la economía regional entraba en coma.

Un verdadero cambio de modelo que evite in extremis el cataclismo económico y social de Asturias solo se puede sustentar, por el contrario, en el férreo y transparente control público de unas inversiones que serán también fundamentalmente públicas. A pesar de la urgencia de los plazos, dicho proceso debe estar abierto también a la participación social y técnica, pero basada en una metodología que, como la iniciada con los Convenios de Transición Justa, privilegie a los colectivos sociales y vecinales que defienden desde el territorio la transición verde, a los representantes de los trabajadores y del tejido empresarial verdaderamente anclado también al territorio y a especialistas e investigadores independientes vinculados a la Universidad.

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