Adrián Redondo Argüelles, miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Xixón

Una de las noticias que más se ha prodigado durante estas últimas semanas  en los medios de formación de masas- según la acertada expresión de Agustín García Calvo- y que más afecta a los trabajadores y trabajadoras en este país, son aquellas relacionadas con el sistema eléctrico español y la factura de la luz.

El importante desarrollo de las fuerzas productivas desde mitad del siglo pasado, como medio para mejorar la productividad en búsqueda de la rentabilidad del capital y el aumento de la tasa de ganancia, ha supuesto que la electricidad haya de ser considerada un bien básico y por lo tanto ha de ser tenido en cuenta dentro de la canasta básica en el cálculo de la reproducción de la fuerza de trabajo de las y los asalariados.

El sistema eléctrico español, que es una parte fundamental de un sistema más amplio como es el sistema energético, tiene una serie de características que se deben analizar para hallar la raíz del problema y que está suponiendo un coste directo en los bolsillos de la mayoría de las personas y que está suponiendo despidos entre los trabajadores de las centrales térmicas en una transición injusta, poco planificada y desigual entre territorios de la UE.

A lo largo de las últimas décadas del siglo XX, y siguiendo la lógica del capital, ha habido una concentración de las empresas del sistema eléctrico- bien por fusiones, desapariciones de las menos efectivas y ayudados por las privatizaciones de los sucesivos gobiernos de González y Aznar en consonancia y como alumnos destacados de la política neoliberal de la UE- convirtiéndolo en un oligopolio donde Iberdrola y Endesa ostentan las mayores cuotas de mercado.

Si a esto añadimos el monopolio del transporte de la energía en nuestro país, a cargo de Red Eléctrica Española, y la distribución de la misma, tanto para Baja Tensión como Alta Tensión, en manos del mismo número de empresas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Repsol), el entramado oligopólico está montado y en el que el papel del Estado queda reducido a la mínima expresión, dejando en manos privadas, y por lo tanto según las normas que rigen el mercado capitalista, un sector estratégico para cualquier país.

Atendiendo al consumo, y siguiendo a Enrique Palazuelos, podemos destacar los siguientes datos que nos permiten apreciar la heterogénea composición de consumidores en España y cómo es el comportamiento de la demanda final de electricidad. Más del 50% del consumo lo realizan las empresas electrointensivas, grandes fábricas y establecimientos en AT. Respecto a los consumidores de BT podemos hacer las siguientes consideraciones: la mayoría de los hogares son la clientela mayor en número pero sólo supone el 25% del consumo final, los consumidores de BT con tarifa que tienen alguna discriminación horaria consumen más que los que la tienen uniforme y que los consumidores de instalaciones no domésticas consumen de media más que los hogares.

Esta situación no es nueva y ninguno de los sucesivos gobiernos han implementado medidas para poder revertirla, más bien todo lo contrario, han puesto los mecanismos adecuados, tanto legislativos como institucionales, para que en nombre de la teología del libre mercado esté un bien básico en manos privadas; de ahí que sea necesario una auditoría de costes del sistema eléctrico en el que se incluya los peajes del transporte y distribución.

El actual gobierno, que llega tarde y mal-y donde puede apreciarse en toda su plenitud la poca capacidad de maniobra que tiene debido a cómo está montado todo el entramado oligopólico del sistema eléctrico español-ha anunciado algunas propuestas de poco calado y que además de no resolver el problema de raíz tampoco contiene elementos de una política dirigida a la clase trabajadora. Por ejemplo, la rebaja de impuestos que qravan la electricidad , el IVA de manera transitoria del 21% al 10% y la supresión, también transitoria, del impuesto del 7% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, supone por un lado una merma de ingresos para las arcas públicas y por otro, al ser el IVA un impuesto directo y que no es progresivo en función de la renta, no supone una medida justa en lo impositivo y debería rebajarse a partir de un determinado umbral de ingresos en relación al % de gasto eléctrico sobre los mismos.

Existen alternativas, a corto y medio plazo, que necesitan de empuje social para ser transformados en legislación y en concreciones materiales para la mayoría social. Estas propuestas irían encaminadas a garantizar la seguridad del suministro eléctrico teniendo en cuenta la generación, transporte, distribución y consumo; a acelerar el desarrollo de las energías renovables para la generación eléctrica sin la emisión de gases de efecto invernadero, a facilitar el acceso a toda la ciudadanía como parte del bienestar social y por último reconfigurar la estructura del sistema para ayudar a mejorar la productividad de las empresas para evitar que sean las y los trabajadores quienes paguen esta factura con despidos.

Entre las medidas a corto plazo podríamos destacar las siguientes: acelerar las reformas que ya están en tramite como la de reducir los ingresos e hidroeléctricas y nucleares por el CO2 que no emiten, pero sí ingresan o la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema que financiará el régimen retributivo de las renovables, cogeneración y residuos que ahora paga el consumidor y que podría rebajar un 13% la factura eléctrica en 5 años. También, y en la línea expresada por el Gobierno es necesario suprimir los beneficios que reciben las hidroeléctricas y nucleares cuando son remuneradas por costes que no incurren al serles abonada su producción al precio marginal que fija el mercado mayorista.

Las medidas a medio plazo se debe buscar una tarifa estable que tome como referencia una cesta de indicadores (como en Portugal) a medo plazo y obligar a las eléctricas a subastar una parte de la producción anual a las comercializadoras y empresas intensivas en electricidad para su comercialización a precio fijo y no como está ahora donde el precio final está referenciado al precio horario del mercado mayorista. La creación de empresas públicas para la gestión de los recursos hidroeléctricos o para la producción en red del autoconsumo permitirían una reducción de la tarifa e ir transformado España en un país energéticamente independiente.

Podríamos resumir estas alternativas en un decálogo para la transformación de este estratégico sector y que proviene de un estudio económico, técnico y social coordinado por ISTAS en el que además de buscar un cambio en el modelo energético del país también apunta a unas medidas de carácter medioambiental que permitan asegurar un futuro sostenible para las generaciones futuras de trabajadores y trabajadoras.

  1. Transformar este modelo financiero y especulativo en otro eficientemente productivo y socialmente útil, considerando a la energía como servicio público que obligaría a recuperar la planificación en materia de energía a través de políticas públicas, y por lo tanto acción de gobierno, y aumentar su control social por parte de la ciudadanía.
  2. Reestructurar el marco normativo en materia de energías renovables para ampliar el % propuesto por la UE en dicha materia que posibilite el impulso necesario para que las energías renovables sean las que lideren la generación de energía en el país.
  3. Maximizar el ahorro y la eficiencia energética, así como reducir la intensidad de energía en la economía para alcanzar un desarrollo alternativo sostenible. Seguimos a la cola en gasto público en políticas de ahorro y eficiencia.
  4. Asegurar la soberanía energética para el año 2050 a partir de fuentes de energías autóctonas y renovables, evitando las fluctuaciones de precios de otras fuentes de energía y de la coyuntura internacional.
  5. Asentar y asegurar una transición justa en materia de empleo, protección social y formación de las y los trabajadores, minimizando el impacto social de los cierres de empresas y garantizando la equidad y los derechos de los trabajadores que pudieran verse afectados por este cambio de modelo energético.
  6. Buscar un modelo de generación descentralizada potenciando el autoconsumo. De esta manera, no sólo se contribuirá a reducir costes económicos y medioambientales, sino que se democratiza el acceso a la energía al ser los consumidores quienes detentan los medios de producción.
  7. Impulsar y promover la movilidad sostenible de mercancías y pasajeros. Para ello es necesario reducir paulatinamente el uso del transporte de combustibles fósiles optando por modos de transporte más limpios (por
  8. ejemplo, mediante la electrificación y fomentando el uso del transporte colectivo y de carácter público) y acercando los puntos de producción y consumo favoreciendo la racionalización económica y ambiental.
  9. La fiscalidad desde una perspectiva ambiental ha de ser un elemento que permita el cambio de modelo. Para ello es necesario retirar los beneficios fiscales a los combustibles fósiles, establecer impuestos sobre la emisión de CO2 e internalizar los costes externos ligados a la producción de electricidad y transporte.
  10. Mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas y edificios existentes (empezando por el parque de viviendas públicos), mediante la rehabilitación, el mantenimiento de equipos e infraestructuras y la evaluación mediante certificados. Este puede ser un importante aspecto desde el punto de vista de la generación de empleo.
  11. Promover la concertación social y la participación ciudadana con la intención de alcanzar consenso social y político sobre el modelo energético y la transición justa. Para ello es imprescindible mejorar el acceso a la información en materia energética.

La abusiva situación que están viviendo los hogares de la clase trabajadora a cuenta de la factura de la luz ha de permitirnos ahondar en un debate social acerca del modelo productivo, la transformación de un modelo irracional por otro sostenible y democrático donde se fomente una nueva cultura energética y en cómo se va a realizar una transición justa que no implique mayores costes, tanto económicos como sociales, a las y los asalariados.

Las organizaciones de clase confederales han de aglutinar y promover una movilización de carácter estratégico con el movimiento vecinal y el de consumidores, dado el triple carácter del asalariado en el marco del capitalismo globalizado, como trabajador, ciudadano y consumidor, para presionar al actual gobierno, en principio no del todo desfavorable, para revertir esta situación; donde aglutine y supere las distintas iniciativas previas que han desarrollado estos colectivos (véase la campaña del movimiento ciudadano en el 2010 o la campaña contra la pobreza energética de diferentes movimientos sociales o sindicales por un bono social en año 2019) . Pero esta movilización, y dado que una buena parte de la legislación liberalizadora proviene de marcos supranacionales como la UE, se debería trabajar por una movilización en todos los países miembros con la intención de  que la conocida como transición justa se pueda realizar sin costes sociales para la mayoría de la población.

Por último, esta penosa situación para los bolsillos de la clase trabajadora ha puesto al descubierto una de las mayores falacias de la economía capitalista y de los postulados neoliberales: la de que el mercado se regula por sí solo al conseguirse un equilibrio “natural” entre la oferta y la demanda.

Bibliografía

Palazuelos, Enrique.  El oligopolio que domina el sistema eléctrico. Consecuencias para la transición energética. Akal. 2019.
AAVV, Qué hacemos por otra cultura energética, Akal, 2013.
Gabinete Económico CCOO. Medidas para rebajar el precio de la electricidad a corto y medio plazo. 2021.
ISTAS. Estudio sobre el empleo asociado al impulso de las energías renovables en España. 2010.

 

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