Bruno Estrada López es economista y adjunto a la Secretaria General de CCOO

España tiene una presión fiscal, la ratio que mide la suma de impuestos y contribuciones sociales con respecto al PIB, seis puntos inferior a la eurozona, un 35,4% del PIB frente a un 41,6%. En la UE los países con mayor presión fiscal son Francia, con un 47,4% del PIB, Dinamarca, con el 46,9% y Bélgica, con el 45,9%, Suecia con el 43,6% y Austria con el 43,1%.

Este diferencial de hasta 10 puntos con los países más desarrollados de la UE explica las debilidades de nuestro frágil Estado del Bienestar, como ha puesto en evidencia la pandemia con un sistema de salud que ha estado al borde del colapso, pero el tema es más grave cuando se observan las deficiencias de nuestro sistema fiscal para recaudar impuestos a los más ricos. Gran parte de la desigualdad fiscal de nuestro país proviene de un deficiente Impuesto de Patrimonio. Ya que la distribución del patrimonio, de la riqueza, es mucho más desigual que la distribución de la renta, ya que la desigualdad del patrimonio en muchos casos proviene de un proceso de acumulación que tiene raíces históricas de cientos de años.

Los últimos datos que ofrece la Encuesta Financiera de las Familias (2017) del Banco de España son que el 25% de la población con menor riqueza tiene un patrimonio medio de -2.000 euros –esto es el valor de su patrimonio es inferior en esa cantidad al de sus deudas-,  mientras el 10% de la población con mayor riqueza tiene un patrimonio medio de 1.354.400 euros.

De hecho, Thomas Piketty en su nuevo último libro “Capital e ideología”, junto a otros muchos expertos, defienden la creación o recuperación de los impuestos a la riqueza o sobre el patrimonio para lograr una sociedad más igualitaria y más eficiente económicamente. En concreto Piketty defiende un impuesto a la riqueza con un tipo mínimo del 5% y un tipo marginal de hasta el 90% para los milmillonarios.

La creciente acumulación de capital en muy pocas manos genera un ineficiente latifundismo de capital, ya que genera un enorme volumen de inversiones improductivas que son las responsables últimas de los procesos de especulación financiera e inmobiliaria, burbujas económicas en términos más coloquiales, que derivan en crisis financieras cíclicas. Se puede establecer una analogía entre lo improductivo de una acumulación excesiva de capital en muy pocas manos, de forma similar al latifundismo de tierras que generaba miles de hectáreas de tierras improductivas mientras había millones de campesinos sin tierra que malvivían en el borde de la supervivencia.

Asimismo, hay que tener en cuenta que los impuestos nos hacen libres a la mayoría de la población, al garantizarnos a todos los ciudadanos, independientemente de nuestro nivel de renta, unos servicios públicos de calidad, a los cuales una gran parte de la población no podría acceder si se suministraran solo por criterios de mercados.

Conviene también recordar que frente al falso argumento de que este impuesto grava a las clases media, que llegó a utilizarse por el PSOE en 2008, hay que recordar que en nuestro país ciertos bienes, como la vivienda habitual hasta los 300.000 euros o los planes de pensiones no computan en este impuesto y que el mínimo exento es de 700.000 euros, esto es esta cantidad se reduce de la base imponible para todos aquellos que tengan la obligación de tributar con carácter general, aunque algunas CC.AA. lo han reducido un poco (Extremadura, C. Valenciana, Aragón y Cataluña).

La competencia por desfiscalizar la tributación sobre Patrimonio en nuestro país, después de un consenso fiscal que había durado más de treinta años desde el establecimiento del Impuesto de Patrimonio en 1977 por un gobierno de la UCD, se inicio durante el segundo gobierno del PSOE de Zapatero. La Ley 4/2008 suprimió el gravamen de dicho impuesto, anuló la cuota sin derogar el impuesto, aunque tuvo que recuperarlo tres años después.

Fruto de todos cambios legales en la actualidad el Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo estatal cuya regulación está cedida casi en su totalidad a las Comunidades Autónomas que tienen competencias normativas sobre mínimo exento, tipo de gravamen, deducciones y bonificaciones en la cuota.

En el marco de esas competencias la Comunidad de Madrid, gobernada por el partido Popular, siguiendo la estela de la Ley 4/2008, desde hace una década mantiene una bonificación de 100% de la cuota del impuesto para los residentes en Madrid.

Muchas de las personas más ricas de nuestro país, al tener un extenso patrimonio pueden domiciliarse en la Comunidad de Madrid sin ningún problema y beneficiarse de dicha bonificación, por lo que la Comunidad de Madrid está generando una competencia fiscal a la baja.

Esa política de desfiscalización del Impuesto del Patrimonio en Madrid, que tiene efectos perversos en toda España, nos ofrece los siguientes resultados: En 2011 en la Comunidad de Madrid declararon 14.520 personas por este impuesto, y en 2018 se alcanzo el número de 17.298 declarantes, esto es, casi 3.000 de las mayores fortunas de España cambiaron su domicilio fiscal a Madrid para beneficiarse de esta situación. Más evidente resultan estos datos en el caso de los ultrarricos, declarantes de patrimonios superiores a 30 millones de euros, que se han incrementado en ese periodo en Madrid en un 225%, pasando de 179 a 404 personas. Cada uno de ellos, según el sindicato Gestha  dejaron de pagar al erario público unos 600.000 euros anuales de media, es evidente que no son “clase media”.

Por tanto, los casi 6.000 millones que la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar por este impuesto entre 2011 y 2018 no solo han afectado al deterioro de los servicios públicos de esta región: con una precariedad endémica de su sistema sanitario; con la insuficiencia estructural en la dotación de recursos educativos públicos para ofrecer una real igualdad de oportunidades para todos los alumnos; con una palpable escasez de plazas en las guarderías públicas; con un dimensionamiento inadecuado de los servicios de emergencia para que puedan hacer frente a situaciones como la de la borrasca Filomena sin que parezcamos un país tercermundista; a la incapacidad de hacer frente a las situaciones de emergencia social que se ve a diario en las “colas del hambre;, a una carencia secular de oferta de vivienda pública de alquiler que haga frente a uno de los mayores problemas de la región; a que no se destinan fondos a políticas de impulso de la actividad económica desde una perspectiva de modernización del tejido industrial.

No, esos 6.000 millones no los ha dejado de recaudar solo la Comunidad de Madrid, se han detraído de las arcas del Estado del Bienestar de toda España, algo que no se llega a percibir con claridad en el resto de comunidades autónomas, a pesar de que esta desfiscalización de los más ricos no es compartida por la inmensa mayoría de los españoles, según el CIS casi un 80% de los españoles consideramos que quienes tienen más riqueza deberían tener un mayor compromiso fiscal con España.

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