Álvaro Fonseca González, Oliverio Martínez Cepedaly Ildefonso Vázquez Estrada son profesores de Educación Secundaria

Por debajo del ruido y la furia que ha despertado la LOMLOE en forma de manifestaciones y de desinformación mediática, cabe un análisis crítico presidido por el principio de realidad. Los persistentes alborotos y los aspavientos de los sectores conservadores de la educación concertada no nos deben confundir ni nublar el juicio acerca de los contenidos y disposiciones de esta ley.

La ley Celaá, desafortunadamente, pasará a la historia sin pena ni gloria, que, por cierto, es la forma más triste de pasar a la historia; hasta que más pronto que tarde sea sustituida por otra. Esto es lo que sucede a cualquier ley que no llega con voluntad de perdurar, con voluntad de hacer historia. Y no viene para perdurar por ser una ley poco valiente que consiste en un mero remedo de la anterior, de infausto recuerdo: la LOMCE.

Consideramos que para una adecuada evaluación de LOMLOE, tal como está el escenario político y la situación de la educación en España, solo caben tres marcos desde los que interpretarla:

MARCO 1

Este marco está caracterizado por el continuismo. Por tanto, las leyes educativas que se derivan de este marco son leyes que, en el fondo, no acometen los cambios de calado que exige el sistema educativo español. En general, la mayoría de las leyes del PSOE tras la aplicación de la LOGSE, la última ley rupturista, se han mantenido en esta línea. Son, por lo general, leyes de perfil bajo.

Desde nuestro punto de vista, este marco continuista es una pésima decisión para implementar cualquier política educativa, porque las transformaciones son apenas cosméticas sin llegar a los problemas esenciales.

MARCO 2

Se caracteriza por el pactismo, que consiste en la supuesta sana intención de poner de acuerdo a todos los agentes implicados en la educación. A primera vista, parece que este debería ser el marco de referencia, pues, en teoría, nadie en su sano juicio debería dudar de que los problemas de la enseñanza se podrían solucionar con acuerdos que contenten a todos. Pero esto es una mera apariencia, pues los problemas reales del sistema educativo español requieren que se tomen decisiones audaces donde algunos pierdan (fundamentalmente la Iglesia católica) para que ganemos todos.

A pesar de lo publicitado que está este marco, tampoco creemos que sea el camino que deba recorrer la política educativa que reclame para sí el título de transformadora o emancipadora. No debemos olvidar que, junto al campechanismo, el pactismo es una de las estrategias políticas preferidas de la Cultura de la Transición. Así se explica que cualquier medio de comunicación que sintonicemos, repitan machaconamente el mantra del pacto educativo.

El último intento del que se tiene constancia para lograr un pacto educativo es el protagonizado por el socialista Ángel Gabilondo. Fue un fracaso rotundo porque las posturas  a consensuar eran de antemano irreconciliables.

MARCO 3

Es el marco rupturista que intenta establecer una discontinuidad y una disconformidad con lo anterior. Son leyes revolucionarias, que tienen muy claro que, en el juego de la educación tal como está planteado en España, debe haber ganadores y perdedores, por ser un juego de suma cero. Como hemos indicado más arriba, la LOGSE fue la última ley de este tipo. Mucho nos tememos que gran parte de la opinión pública rechaza este marco revolucionario; ya que, desde hace décadas, la voz de la concertada está sobrerrepresentada en los medios de comunicación. Nosotros, en cambio, creemos que esto no debería ser así. El único modo de hacer las reformas legales necesarias del sistema educativo español exige una modificación desde la raíz que plantee unas reglas de juego distintas.

En suma, podemos afirmar que la LOMLOE oscila entre el continuismo y el pactismo. Esto se manifiesta en asuntos tan flagrantes como el mantenimiento de la anomalía de los conciertos educativos o la pérdida de la democracia interna en los centros.

NEOLIBERALISMO SOFT

El neoliberalismo, el espíritu del nuevo capitalismo, todo lo impregna como un ácido corrosivo. El neoliberalismo lleva camino de convertirse en una ideología transversal, a izquierdas y a derechas, como ya ocurriese con el nacionalismo en el siglo XX. Y es que muchos de los gobiernos que se dicen socialdemócratas acaban implantando políticas neoliberales. La ley Celaá es un ejemplo preclaro, pues la ideología neoliberal es la que inspira bastante de sus apartados, como, por ejemplo, el tema de la carrera docente. Nos detendremos en este asunto porque es el perfecto epítome para entender los peligros que acechan al dejar abierta la puerta de entrada a métodos de management corporativo importados de la empresa privada.

El neoliberalismo, grosso modo, consiste en la exigencia de regir todos los dominios de la vida según los criterios empresariales de la competencia. Y ello implica que el papel del estado sea beligerante en favor de las privatizaciones y de la prescripción de las reglas del mercado. Es decir, el neoliberalismo no es sinónimo de estado mínimo, sino de estado subsidiario.

Las vías de penetración del neoliberalismo son variadas; desde las más directas y coactivas como lo ocurrido en Grecia hasta las más sutiles y finas como las campañas de bancos e instituciones, las innovaciones educativas propuestas se inspiran en estas sutiles vías. Estas últimas son las que hemos llamado neoliberalismo soft, esto es, el rostro amable que intenta calar en las conciencias de las personas, cual lluvia fina.

Para los no iniciados, la carrera docente es el nombre que recibe la promoción interna del funcionariado de educación. Existe una creencia, tan extendida entre gran parte del profesorado como poco fundamentada, que incide en que la labor de la enseñanza puede resultar altamente tediosa y poco estimulante, produciendo el estancamiento del profesional, en contraste con la del modelo management que es una aventura constante, una evolución continua. Por tanto, debería ser obligación de los gobiernos ofertar políticas educativas con sistemas de evaluación que garanticen una promoción interna “justa” para aquellos docentes ambiciosos que quieran llegar a puestos más altos y productivos.

Sinceramente, la carrera docente es un fraude profesional que lo único que busca es la división del cuerpo docente hasta que, en límite, cada uno tenga unas condiciones laborales personalizadas con la administración, introduciendo dinámicas competitivas. Esta es una idea falaz de la meritocracia que funciona como un placebo entre sus defensores, que, lamentablemente, cegados por su ideología no se percatan del engaño. Pues ese sistema de evaluación docente solo tendrá en cuenta dos clases de ítems: los que le interesen a la administración y los que se ajusten al mercado. Se rompe, de ese modo, la idea de bien común que debería guiar toda práctica educativa.

Del mismo modo, creer que solamente la competitividad individual puede dinamizar el trabajo del docente es olvidar intencionadamente otros factores dinamizantes como la solidaridad, el trabajo en equipo y la cohesión laboral de los claustros

LA CONCERTADA ES UNA ANOMALÍA CONTRARIA A LA EQUIDAD

Si hay un sector que ha liderado las protestas contra la LOMLOE este es el de la escuela privada concertada. Patronal, sindicatos, docentes, familias, medios de comunicación y asociaciones y entidades de carácter ultraconservador han protestado ruidosamente contra la ley en nombre de la “libertad”, entendiendo fundamentalmente que la ley es un atentado contra la libertad de los padres y madres para elegir un centro adecuado para sus hijos.

Obviemos que la libertad de elección de centro, pese a quien pese, no es un derecho recogido en la Constitución de 1978, sino una interpretación interesada del reconocimiento de la libertad de enseñanza, por una parte, y del derecho de los padres a que sus hijos e hijas reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus creencias, combinada con la gratuidad de la enseñanza básica. Dicha interpretación se mezcla con cierto ideario profundamente clasista que conviene analizar.

La LOMLOE pone más empeño que leyes anteriores en evitar la discriminación del alumnado: desaparece la idea de que la segregación por sexos no es discriminación (a sus defensores que se basan en que en otros países europeos la enseñanza “diferenciada” se vive con normalidad tendremos que recordarles que no incluye, como en muchos de los centros españoles, la segregación por sexos del profesorado, injustificable por ningún tipo de excusa que apele a los diferentes ritmos de desarrollo de niños y niñas), e intenta garantizar la gratuidad de los centros concertados añadiendo a la prohibición de cobrar cuotas tramposamente voluntarias o imponer servicios obligatorios de pago, que las actividades complementarias “necesarias” no pueden ser discriminatorias económicamente, facilitando así el acceso de alumnado cuyas familias no pueden hacer frente a los pagos. Recordemos que, en algunos colegios de Barcelona, por ejemplo, las cuotas “voluntarias” superan los 400 euros. ¿Podemos considerarlos un servicio público?

Tal como dice César Rendueles en su último libro “Contra la igualdad de oportunidades”: “las familias usuarias de esa red privada y concertada proceden mayoritariamente —aunque hay excepciones significativas— de la clase media-media y media alta y de la población con mayor estatus social y capital cultural. La escuela concertada es un pilar de los privilegios de los que disfrutan las familias que ocupan aproximadamente ese tercio superior de la distribución de rentas cuyos intereses están sobrerrepresentados en las políticas públicas, los medios de comunicación y los programas de los partidos políticos” (Rendueles, 2020: 210). Estas palabras resumen certeramente la principal dificultad de la educación en España.

Por tanto, ¿cuál es el problema entonces para las familias? Para muchas, incluyendo a las que llevan a sus hijos e hijas a centros concertados, ninguno (como se puede comprobar en el artículo de ElDiario.es del 5 de diciembre de 2020 con el siguiente titular Familias de la concertada reniegan de la campaña contra la Ley Celaá: “Usaron a mi hija en uno de sus vídeos políticos”). Pero para otras, quizás las que llevan a sus hijos a centros religiosos más por motivos políticos que por su credo católico, lo inconfesable (o confesable en la barra de un bar) es que temen que su centro se converta en un estercolero multicultural acogiendo miembros de etnia gitana, de origen migrante, de religión musulmana o en riesgo de exclusión social, como sucede los centros públicos, aumentando las “cuotas” mínimas que acogen para que les concierten programas de FP básica o PMARE. Es decir, racismo, clasismo y xenofobia, que, en su autoengaño, etiquetan con el eufemismo de “calidad”.

En el medio antes mencionado, aparecían las declaraciones de una madre que afirmaba lo siguiente: “Yo puedo pagar un colegio concertado, pero no uno privado, que suban las cuotas si es necesario, pero que no lo quiten”, afirmaba, aclarando que esta subida de precios no sería lo ideal, “pero podría servir como medida paliativa”. Parafraseando, “soy pobre, pero quiero que mis hijos vayan a un centro privado sea como sea; a la pública ni muerta, aunque tenga que pagar más”. Estas actitudes revelan que ciertas familias consideran que la libertad de elección está muy bien en tanto que sea para ellas y las familias que ellos determinen y no para las demás. En resumen, quieren que entre todos paguemos lo que solo puedan disfrutar unos pocos. Y para ello están dispuestos a que la concertada sea, aunque parcialmente, de pago.

¿Y el profesorado? que las opiniones serán diversas. Entendemos que a muchos les preocupará poco porque su intención mayoritaria es pasarse a la enseñanza pública. Conocemos muchos casos de docentes de la privada concertada que, a la mínima oportunidad, han cambiado su centro privado, incluso con contratos indefinidos y a jornada completa, por sustituciones o vacantes en la enseñanza pública, a veces a tiempo parcial. En cambio, no se conocen casos de arrepentimiento del cambio. Muchos obtienen plaza en la pública tras examinarse, pese a que los últimos baremos del concurso-oposición no lo facilitan: cada año de experiencia en la privada en el mismo nivel educativo ha pasado de puntuar el 50% de lo puntuado por año de interinidad en la pública, a puntuar el 21,4%. Un regalo envenenado de los gobiernos del PP a los profesores de sus hijos para que sean fieles a sus centros, algunos muy dispuestos a despedir al opositor díscolo a los pocos meses de solicitar su certificación de experiencia docente. Otros, sin intención de cambiar de red, temen por sus trabajos, quizás porque comparten la reflexión de la patronal, que analizaremos en el siguiente párrafo. Algunos no se ven capaces de adaptarse a la pública, porque han comprendido que su función como docentes es distinta. En unos comentarios de Facebook relacionados con el sector, tras hablar de la ausencia de pruebas objetivas para la contratación del profesorado, una docente de la privada concertada nos contestaba “la prueba más objetiva es la confianza de los padres”. Una frase que puede parecer obedecer a una lógica emocional, pero que oculta una realidad mercantil: en la pública hay alumnos, en la privada alumnos y clientes, que son los padres. La lógica del mercado nos recuerda que el cliente, siempre tiene la razón, aquí se nos vuelve aparecer el neoliberalismo soft, es decir en su fase productiva con la carrera profesional y en su fase de venta y consumo con la relación alumno-cliente.

Quienes más preocupados están por la LOMLOE son la patronal y las empresas y fundaciones que están detrás de la concertada. Sobre todo, por suprimir esta ley una importante novedad de la LOMCE: el criterio de “demanda social” para crear nuevas plazas concertadas en detrimento de las públicas. La prohibición de ceder terrenos públicos para la construcción de centros privados también les molesta. Su visión es la siguiente: sin estos privilegios, sin cuotas, y en ciertos casos, teniendo que dejar de seleccionar al alumnado por renta, se acabó el negocio. Un sector importante del negocio es obligar a padres a los que les es indiferente llevar a sus hijos a una u otra red o incluso a quienes quieren tener a sus hijos en la pública a quedarse con plazas concertadas, por tener su barrio una cantidad desproporcionada de centros privados concertados respecto a la de públicos: eso no es “libertad” tampoco. Y esto sucede fundamentalmente en lugares como Madrid, que es donde se aplican estas prebendas con más empeño desde la primera presidencia de Esperanza Aguirre en 2004. ¿Pero por qué protestan colegios de todo el estado, incluso en comunidades autónomas que no se benefician de esos privilegios? Simplemente porque aspiran a tenerlos: el descenso de la natalidad hace prever un descenso de la cantidad de líneas y centros concertados, que, sin la botella de oxígeno de la demanda social, puede acabar con muchos de ellos cerrados a medio y largo plazo. Curiosamente, los cercanos al liberalismo económico y la libre competencia, quieren que se subvencionen sus negocios.

La privada concertada nació porque se aumentaba el rango de edad de la enseñanza obligatoria y no había centros públicos suficientes. Lamentablemente, esta idea se ha pervertido, convirtiendo a muchos centros en meros parásitos que desangran y asfixian a la enseñanza pública. La privada concertada se creó con una fecha de caducidad implícita. Es, por ello, una ocasión perdida que esta ley no ponga negro sobre blanco la fecha final a los conciertos. A pesar de ello consideramos más interesantes propuestas como la de Cataluña, con el decreto que permite pasar centros concertados a la red pública. Se mantiene el personal y el alumnado y se paga un alquiler por las instalaciones. Es una solución con aspectos problemáticos, sobre todo mientras no se solucione el problema de temporalidad y precariedad del profesorado interino de la pública.

Finalmente creemos que el descenso de natalidad no puede ser una excusa para cerrar centros educativos, sino una oportunidad para reducir las ratios por aula y mejorar así la atención al alumnado, y con ella, la calidad de la instrucción impartida en una red pública que no segregue, ni sobre el papel, ni en la vida real.

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