Carlos Barrio es licenciado en Historia

Hay personas que, por desgracia, pasan bajo radar. Es el caso de Darío Fernández Álvarez, fallecido el 27 de julio de 2021 y olvidado por gran parte de la prensa. ¿Quién era este hombre y por qué fue una persona destacada? Jurista aficionado al periodismo, Darío Fernández Álvarez fue el abogado acusador en el llamado caso Almería. El nueve de mayo de 1981 Luis Montero, Juan Mañas Morales y Luis Cobo fueron detenidos por la Guardia Civil en Roquetas de Mar, Almería. Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente, en el interior de un coche: calcinados y acribillados a balazos. La versión de la Benemérita habló de una rocambolesca historia, donde las tres víctimas se intentaron dar a la fuga tras agredir a un agente que los custodiaba en el Ford donde viajaban. Tras conseguir liberarse, los jóvenes cayeron con el vehículo por un terraplén ante los disparos de la Guardia Civil. El coche ardió, los tres ocupantes fallecieron y los miembros del Instituto Armado allí presentes no pudieron hacer nada por sus vidas.

Los hechos probados a lo largo del proceso, llevado a cabo al año siguiente, fueron muy distintos. Montero, Mañas y Cobo fueron torturados hasta la muerte en un cuartel abandonado y depositados en el terraplén, en el interior del coche, que fue incendiado por miembros de la Guardia Civil para eliminar todo tipo de pruebas. Su delito, del que fueron acusados sin jueces ni abogados presentes, fue pertenecer a ETA. Sin embargo, todo eso fue a ojos de los miembros del Instituto Armado. Las tres víctimas no guardaban ninguna relación con la banda terrorista.

Puede que, llegados a este punto, haya gente que piense que esto fue un caso aislado. Pero no fue así. Por analogía podemos citar el caso de Yolanda González. El uno de febrero de 1980 esta joven de tan solo diecinueve años fue secuestrada en su casa y asesinada unas horas después. Los responsables de su rapto y muerte fueron Ignacio Abad y Emilio Hellín, miembros de la extrema derecha con contactos en la policía. La excusa para cometer un crimen fue responder a otro. Esa mañana, seis miembros de la Guardia Civil fueron asesinados por ETA en Ispáster. Muchos investigadores creen que la suerte de la joven ya estaba echada de antemano y que el cruel atentado fue una coartada, una excusa en un país que se desangraba.

Todos guardamos en la retina los crímenes cometidos por ETA, pero la violencia institucional ha sido silenciada en numerosas ocasiones. Y no es una cuestión baladí: la historiadora francesa Sophie Baby habla de 178 personas muertas a causa de la violencia policial entre octubre de 1975 y diciembre de 1982. El periodista Mariano Sánchez Soler eleva la cifra a 188 muertos hasta finales de 1983. Los datos son terroríficos, pero la Transición sigue brillando inmaculada.

¿Por qué la violencia policial pasa tan desapercibida? El escritor Jorge Cabezas señala en el magnífico documental “Lucía en la telaraña” que la actividad armada de ETA hizo posible que los escándalos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se obviasen. No hay que olvidar que los terroristas vascos estuvieron especialmente activos en democracia, por lo que se puede decir, parafraseando a Xavier Casals, que fueron un “legado envenenado del Franquismo”. Pero también la actividad ilegal de determinados miembros policiales y civiles, con vínculos más que probables en las altas esferas, formó parte de ese legado. Algo que no debería caer en saco roto. La policía saltó de una dictadura a una democracia como si no hubiese pasado nada.

Es de sobra conocida la gestación de ETA, en julio de 1959, cuando uno de sus fundadores, Txillardegi, comunica al gobierno vasco en el exilio la formación de la nueva organización. Menos conocida es la creación de la OAS, acrónimo de Organización del Ejército Secreto. Un grupo terrorista, nacido al calor del conflicto que Francia mantenía en Argelia, que provocó numerosos atentados y miles de muertos. Una de sus ramas tenía su base de operaciones en España, donde contó con numerosos apoyos hasta su desarticulación por Franco en 1962. A pesar de esto, siguió gozando de simpatías por altos cargos y figuras destacadas del régimen, vinculadas en su mayor parte a la Falange. Y es que España fue un cobijo seguro para numerosos terroristas de extrema derecha, que en innumerables ocasiones gozaron de todo tipo de privilegios. De veteranos nazis a ultras italianos, portugueses o argentinos.

En los años sesenta, la extrema derecha patria reverdeció sus laureles, surgiendo nuevos grupos que encontraron ayuda en los altos cargos de la dictadura. La agitación estudiantil había asustado al régimen y este intentó frenar la protesta mediante grupos de jóvenes afines, relacionados con los nuevos servicios secretos. Son los primeros ladrillos de un nuevo edificio. Es la génesis de la “guerra sucia”.

Ultras extranjeros, servicios secretos y extrema derecha rejuvenecida serán protagonistas de una parte oculta de la historia reciente de nuestro país. Para Sophie Baby “la cuestión de la complicidad de ciertos sectores policiales con los elementos antiterroristas de extrema derecha roza el secreto de Estado”. La historiadora francesa afirma que “la intermediación del SECED ( siglas del Servicio Central de Documentación, servicio de inteligencia durante los últimos años de la Dictadura) permitirá asimismo que varios mercenarios extranjeros entren al servicio de la guerra sucia”.  Varios son los nombres a destacar: Stefano Delle Chiaie, por ejemplo, siniestro personaje italiano vinculado al fallido golpe de Estado en su país en 1970, que pasaría a trabajar para el comisario Roberto Conesa cuando este último estaba al frente de la Político-Social. Delle Chiaie sería uno de los terroristas presentes en los sangrientos incidentes de Montejurra. Repasemos los hechos: en mayo de 1976 se preparó una operación denominada Reconquista en la que los partidarios de Sixto de Borbón, pertenecientes  al ala más reaccionaria del carlismo, asaltarían de manera violenta a los seguidores del Partido Carlista, liderados por Carlos Hugo, personaje que había evolucionado hacia posturas socialistas, autogestionarias y federalistas. En el ataque hubo dos muertos y varios heridos. El asturiano José Antonio Sáenz de Santa María, que llegó a ser general de la Guardia Civil, afirmó que en la conspiración estuvieron presentes altos cargos políticos, como Arias Navarro y Manuel Fraga, conocedores de los sucesos que se iban a desarrollar en el monte navarro.

Otro de los presentes en el violento episodio sería Jean-Pierre Cherid, terrorista francés nacido en Argelia y antiguo miembro de la OAS, cuyo  sangriento recorrido finalizó de manera dramática y violenta en marzo de 1984, cuando murió tras manipular unos explosivos que iba a colocar en un coche. Cherid, que fue de los ultras que encontró protección en la España de Franco, sería el encargado de montar la red de mercenarios, que iba a trabajar para los servicios secretos españoles en la lucha clandestina contra ETA, por lo que estaría al frente de lo que el abogado Íñigo Iruin definió como “terrorismo mercenario”. Es decir, el que estaba contratado por los servicios secretos y en el que participaban, como se ha visto, personajes de diversa procedencia. Cherid reclutaría gente de diverso pelaje para las acciones violentas, muchos de ellos entre sus viejos compañeros de militancia en la OAS. Por lo tanto, se debe decir que en los orígenes de la lucha armada contra ETA fueron clave los veteranos de la mencionada organización terrorista. El subcomisario José Amedo afirmó que “ el Batallón Vasco Español se sirvió de delincuentes, antiguos miembros de la OAS”.  El BVE sería la génesis o la primera parte de lo que luego acabó deviniendo en GAL. Amedo afirmaba que entre las dos organizaciones “había una conexión clara, pues hubo personas que pertenecieron a ambas”. El BVE no solo contaría con antiguos terroristas franceses, entre sus filas también habría ultras italianos y personas procedentes de los bajos fondos de Marsella. En esto último hay un testimonio peculiar, que recuerda Luis Miguel Sánchez Tostado. Sería el del empresario vasco Luis Olarra, que afirmó en el programa La Clave que había intentado ser extorsionado por ETA. Ante la amenaza, Olarra envió una misiva a un miembro de Herri Batasuna “con nombres para aplicar la Ley del Talión, pues había contratado a sicarios de la mafia marsellesa que actuarían en el caso de que la banda terrorista atentase contra alguien de su círculo”.

Sophie Baby recuerda que no hay accesos a archivos y documentos clave para llegar al fondo de la llamada “guerra sucia”, por lo que hay que moverse muchas veces en el mundo de la “especulación” y las hipótesis. Lo que sí parece evidente es que hubo una conexión entre servicios secretos, altos cargos políticos y altos cargos policiales, que se gestó durante la Dictadura y que pervivió en la nueva democracia, atacando varios objetivos. Y es que, como se ha visto, varios de los protagonistas de la lucha armada contra ETA estuvieron presentes en otros capítulos violentos de nuestra historia, como Montejurra. Este artículo ha intentado adentrarse en el mundo de las sombras, en los ángulos muertos de esos años oscuros. En noviembre de 2010, Felipe González afirmó, en una entrevista periodística, que tuvo la oportunidad de volar la cúpula de ETA. ¿Estaba despejando la x de esta siniestra ecuación el que fue presidente del Gobierno entre 1982 y 1996?

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