Amaya Caunedo Domínguez es investigadora de Historia Contemporánea y profesora de Enseñanza Secundaria

Me acerqué a investigar la guerra civil y la represión franquista en Asturias gracias al interés que el Ayuntamiento de Xixón a través de la entonces Concejalía de Memoria (en manos de Izquierda Unida) tuvieron, en su día, por arrojar luz y contribuir a la financiación económica de un proyecto de investigación sobre la guerra civil en Asturias de la Universidad de Oviedo dirigido por la profesora Carmen García y del que formé parte junto a un grupo de historiadores e historiadoras, en mi caso comenzando con la investigación sobre lo sucedido en Xixón durante esos años.

Gracias a los sucesivos proyectos de investigación en los que participé y a todas las personas que pude entrevistar descubrí como el 14 de abril de 1931 supuso una explosión de alegría, júbilo y esperanza para la mayoría de la sociedad. Porque pese a la brevedad de la Primera República, pese a los años que habían transcurrido desde su proclamación en 1873, porque pese a que los partidos políticos republicanos en España nunca fueron partidos de masas. Pese a todo ello, la República simbolizaba para el pueblo la idea de justicia social, de esperanza, de libertad, igualdad y de fraternidad que se hicieron famosas con la Revolución francesa. En las huelgas obreras, en las manifestaciones o en los motines del pan protagonizados por mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX siempre estaban presentes elementos de simbología republicana. Para el pueblo, para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, la República entrañaba y simbolizaba todo aquello por lo que habían luchado en las últimas décadas.

Las votaciones municipales del 12 de abril de 1931 otorgan el triunfo a las coaliciones republicano-socialistas en 41 de las 50 capitales de provincia españolas, en las cuencas mineras de Asturies y Andalucía, así como en las principales ciudades de Levante y Cataluña.  El significado político de las elecciones era claro (más si tenemos en cuenta que en ese momento los 952.000 habitantes de la ciudad de Madrid eligen sólo a 50 concejales frente a los 1677 concejales que pueden elegir los 425.000 habitantes del resto de la provincia). Así las cosas, la República es proclamada en varias capitales el 14 de abril por la mañana y a las 8 de la tarde el gobierno provisional republicano entra en Gobernación mientras el rey sale voluntariamente para el exilio. Acabando así con la restauración borbónica y sus intentos de mantener el control político y social en manos de la oligarquía financiera a través de la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

Pero las esperanzas del pueblo chocaron con la cruda realidad de un nuevo sistema constitucional y político que quería ser democrático, pero sin realizar cambios sociales que implicaran un cambio en el modo de producción, un sistema político que pretendía llevar a cabo reformas sociales para paliar injusticias, liquidar arcaísmos y ponerse a tono con el mundo capitalista contemporáneo, pero no para acabar con él. La alegría chocó con la reacción de aquellos que siempre habían ostentando el poder en España y que ahora se veían desposeídos del poder político y sentían peligrar también su poder económico. El júbilo se estrelló contra el 1 % de los propietarios que poseían casi la mitad de la riqueza del país (en concreto al 0,97% de los propietarios les correspondía el 42 % del líquido imponible), contra 12000 grandes terratenientes de un total de 3,7 millones de individuos que componían el Censo agrario de 1931. Las esperanzas de la clase trabajadora en el nuevo régimen político fueron golpeadas por el entrelazamiento de la alta burguesía agraria, financiera y de negocios constituida por apenas cien grandes familias que se autoidentificaban con el antiguo régimen señorial y rural. La alegría se diluyó frente a un ejército controlado por “africanistas” acostumbrados a decidir el devenir político desde las pasadas guerras coloniales. El júbilo saltó en pedazos al intentar laicizar un Estado en el que la Iglesia seguía identificando en sus documentos religión y orden social y en cuyas manos había depositado el Estado gran parte de la educación primaria y secundaria.

Ante este panorama las reformas planteadas durante la república fueron tomadas como serias amenazas por la oligarquía. El matrimonio civil, la Ley de Congregaciones, la prohibición de ejercer la enseñanza a las congregaciones religiosas, la co-educación en la escuela (por fín niñas y niños recibían la misma educación en las aulas, y las niñas podían acceder a los mismos conocimientos que los niños), el divorcio de mutuo acuerdo, por citar sólo algunas, hizo que la Iglesia reforzara su posicionamiento con la oligarquía y se postulara como uno de los más importantes enemigos de la República. La promulgación de la jornada de 8 horas en absolutamente todas las actividades laborales, junto con las reformas agrarias supusieron un rejonazo insoportable para la élite económica. Poco pudieron hacer las reformas culturales y educativas frente a una clase dominante que se veía hostigada y amenazada como jamás pensó llegar a serlo en estas latitudes, las 7000 nuevas plazas de maestras y maestros, la subida de sus sueldos de un 50 %, las Misiones Pedagógicas y las 3990 nuevas unidades escolares no bastaron para frenar a la clase social de los que poseían las tierras, las fábricas y los bancos. Los que siempre habían gobernado España sintieron que estaban a punto de perder el control y quisieron acabar con los sueños y esperanzas de la mayoría mediante el uso de la violencia extrema. Apoyaron y alentaron una sublevación militar que buscaba volver a otorgar el poder a los que siempre lo habían ostentado. Desataron una guerra de clases en la que las masas desposeídas, la clase obrera, el pueblo, tuvo claro de qué lado luchar; aunque la República había decepcionado a muchos por el camino, una vez que una parte del ejército se subleva, la inmensa mayoría de la clase obrera se unió a la defensa de la República, con las armas en la mano o en la retaguardia, pero acudieron raudos a defender la legalidad política imperante.

Pero el ejército sublevado tenía claro que la acción debía ser en “extremo violenta” y una vez ganada la guerra, pasaron por las armas a todas las personas que defendieron la República y el gobierno democráticamente electo en 1936, en un ejercicio de auténticos malabares legales se acusa de rebelión a aquellas personas que defendieron la legalidad de 1936, y a día de hoy, gracias a la amnistía de la transición y a la conocida como “Ley de Memoria”, todavía todos esos consejos de guerra que declararon “rebeldes” a las personas que defendieron la legalidad de 1936 siguen siendo legales.

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