Eva Fernández es vicepresidenta de la Sociedad Cultural Gijonesa y miembro del Comité de Empresa de la Universidad de Uviéu por la CSI.
En un episodio de ese fresco de la sociedad española que es la serie “La que se avecina” el concejal Enrique Pastor, recién nombrado alcalde, tiene como primera misión echar la firma en un contrato para parques y jardines. Con buena voluntad funcionarial, pretende llevarse el texto a casa para repasar los aspectos legales y ver si todo está en orden. En esto, interviene su marrullero asesor, a la sazón interpretado por el estupendo Miguel Rellán, que le grita “¡Enrique, no me ralentices la gestión!” El espectador a estas alturas ya sabe que el contrato está amañado a favor de un empresario que financia el partido, pero eso es otro asunto.
Pues bien, parece que la pospandemia ha servido para que una parte de la sociedad, la que más importa, exhorte a la Administración alto y claro para que “no ralentice” las gestiones. Así que los gobiernos de escalas diversas se han puesto a la tarea de reformar la tan vilipendiada Administración Pública, “anticuada” y sin duda con graves problemas de fondo.
Cada vez que se plantea un problema económico o social, los ciudadanos, bien sean empresas, trabajadores o pensionistas, se vuelven hacia las Administraciones Públicas (AAPP) en busca de soluciones. La pandemia o la explosión del volcán de La Palma han puesto de manifiesto esa necesidad de un Estado garantista (las AAPP no son sino el brazo del Ejecutivo, la parte del Estado que gestiona la “cosa pública”) que apoye al autónomo asfixiado, al trabajador en ERTE o la familia que se queda sin hogar por la erupción.
Pero como decíamos arriba, dicha gestión se cuestiona permanentemente a causa de la lentitud, el exceso de burocracia y la mala organización. Esa crítica debería primero tener en cuenta los objetivos de la propia Administración en un Estado democrático, y los recursos destinados a la misma. En definitiva, un debate serio, y no interesado – con una visión opuesta al personaje de Rellán- requiere conocer antes la propia AP, para saber qué hacer de modo que sea una herramienta socialmente útil e “igualadora”.
La Administración Pública (AP) como brazo de los poderes del Estado democrático
La AP es el órgano gestor del Estado (entendido como extensión del Ejecutivo estatal, autonómico o local). Eso quiere decir que además de dar un servicio de calidad a los usuarios, debe gestionar imparcialmente los recursos tratando a todos por igual. Si alguien va a solicitar una licencia de obras o debe hacerse una prueba médica, la Administración está obligada jurídicamente a exigir los mismos requisitos para todos y a no dar preferencias en función de los recursos económicos, la influencia política del sujeto o el conocimiento personal.
Para el cumplimiento de ese principio de igualdad existe un procedimiento administrativo regulado por la ley, que sirve además como garantía de que todos los interesados pueden defenderse en caso de que vean vulnerados sus derechos. Si muchas veces la AP es lenta o excesivamente burocrática lo es para hacer realidad esa garantía, en ausencia de los recursos necesarios para dar mayor agilidad al procedimiento.
La Administración Pública no es una empresa
Por la propia naturaleza de sus servicios, la AP dista mucho de ser una empresa y es difícil que se gestione como tal ya que incumple el primer objetivo empresarial: la obtención de beneficios.
Los ciudadanos tienen derecho a una sanidad gratuita, a la seguridad de su persona y sus propiedades o a poder hacer uso del aparato judicial para la defensa de sus derechos o intereses. La gestión de todo ello no genera beneficios, al menos si consideramos que deben aplicarse de manera universal, como por otro lado respaldan los principios constitucionales, democráticos y la práctica europea desde la posguerra (aunque ahora algunas opciones políticas quieren hacer tabula rasa de la toda la tradición democrática del continente). Por ejemplo, es relativamente fácil obtener beneficios gestionando una escuela privada en una gran ciudad pero imposible si lo mismo se aplica al entorno rural o a barrios de población con rentas bajas.
Estas características no son adornos sino que están en la esencia de una AP democrática.
A vueltas con la reforma de la Administración Pública del Principado de Asturias
La gestión de la pandemia reforzó el compromiso adquirido por el Gobierno asturiano de que la reforma de la Administración sería una de sus prioridades, mediante dos recetas fundamentales: modernización y adelgazamiento. Pero ¿a qué se refiere nuestro Ejecutivo cuando habla de ambas?, porque la experiencia histórica no nos hace presagiar nada bueno. ¿Modernizar significa hacer inversiones para mejorar la organización, los equipos y reforzar la parte técnica de las plantillas con personas jóvenes bien formadas, que contribuyan a dar un impulso a los servicios públicos? ¿Y qué quieren decir con “adelgazar”? ¿achicar plantillas, reducir controles y servicios..? En realidad para descubrir su verdadero significado hará falta que pase tiempo y observar el resultado de las medidas, pero algo se puede ya vislumbrar.
El Principado ha puesto sobre la mesa algunas ideas y esta semana incluso ha publicado en el BOPA -tras el debate parlamentario pertinente y una accidentada votación- una ley que afecta directamente a la gestión administrativa: la Ley del Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas urgentes.
Doctores tiene la Iglesia y este artículo no pretende ser un análisis exhaustivo de lo que implica el articulado. Es evidente que trata de simplificar algunos trámites “superfluos o repetitivos” en aspectos relacionados con el urbanismo o el medioambiente y eliminar obstáculos burocráticos para la gestión del Plan de Recuperación. En suma, antes de la planificación racional, la modernización y la inversión, pensemos en no ralentizar la gestión, que es urgente.
Sin embargo, sí hay algo que en nuestra mente celosa de lo público hace saltar las alarmas, por mucho que nuestro Vicepresidente nos quiera convencer de que tales herramientas ya han sido puestas en marcha en otros lugares con gobiernos muy de izquierdas y con excelentes resultados. El capítulo III del texto, con el muy ambicioso título de “Técnicas de Intervención administrativa”, dedica su artículo único a la promoción de la declaración responsable como una forma de relación Administración-administrado, que ya existía pero que extiende su uso a asuntos de más calado.
La declaración responsable es el documento en el que el administrado declara poseer determinados requisitos sin tener que demostrarlos documentalmente a priori. Muy demandado por el sector empresarial, se trata de una buena idea sobre el papel, que sin duda acelera cualquier procedimiento. Sin embargo, esa buena idea sólo lo es si existen sistemas de control e inspección para, llegado el caso, poder comprobar que lo que se dice en la declaración es cierto y que se cumplen los requisitos (¿recuerdan el principio de que todos los ciudadanos sean tratados por igual?).
La guinda de la medida la pone el punto 2 del artículo, que se vende como un paso adelante en la colaboración púbico privada y no es sino la privatización de una de las atribuciones puramente administrativas, que es la de inspección. Se abre la puerta aquí a que Colegios profesionales y Cámaras de Comercio sean las responsables de verificar la verdad de lo que se afirma en un documento administrativo.
No sé ustedes pero cada vez que se da luz verde a este tipo de colaboraciones yo recuerdo mis clases de historia en la que se explicaba cómo el Estado monárquico que transitaba de la Edad Media a la Moderna, aún sin recursos y poder suficientes, dejaba la recaudación de impuestos en manos de la aristocracia territorial.
Volvamos al principio de la imparcialidad que debe regir la acción de la Administración: ¿cómo asegura una organización que no es pública, con sus intereses corporativos particulares, que va a ser imparcial? ¿de verdad esas entidades van a ser objetivas y a tratar a todos los ciudadanos por igual en asuntos, por ejemplo, urbanísticos? La Ley se desarrollará reglamentariamente y ahí veremos cómo nuestros responsables van a realizar la cuadratura del círculo. Entre tanto, seguiremos esperando la modernización real para lograr una Administración eficiente, pero que no pierda sus principios democráticos porque sin ello pasaría a ser lisa y llanamente una empresa de servicios.