Manuel Maurín Álvarez es Profesor Titular de Análisis Regional de la Universidad de Oviedo/Uviéu
El pasado 22 de julio se firmó en Madrid un protocolo para la intervención urbanística en el ámbito de la antigua Fábrica de Armas de Oviedo (en adelante, FAO) suscrito por el alcalde de la ciudad, el presidente del Principado y la ministra de Defensa. Los dos primeros y otros portavoces de su entorno se apresuraron a calificar el acuerdo como un hecho “histórico”, un hito que marca “un antes y un después” en la historia de la capital de Asturias o una operación que situará a Oviedo “en la vanguardia de las ciudades” españolas, nada menos.
Antes de contestar a esas afirmaciones grandilocuentes es conveniente destacar sintéticamente los principales efectos que, sobre el recinto fabril, tendrán las actuaciones que se proyectan, las responsabilidades de las administraciones que las impulsan y la metodología que para ello han venido utilizando y parece que pretenden mantener en el futuro.
Fragmentación, amputación y desfiguración del conjunto patrimonial
Por lo que se refiere a los efectos, es innegable que uno de los principales conjuntos del patrimonio industrial asturiano y español (así reconocido por el Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio industrial, TICCIH) va a padecer una afección demoledora. Debe entenderse que hablamos de “conjunto industrial” en los términos en que lo define en Plan Nacional de Patrimonio Industrial, o sea, como una serie de bienes en los que se conservan los componentes materiales y funcionales, así como su articulación, constituyendo una muestra coherente y representativa de una determinada actividad industrial, como es, por ejemplo, una factoría.
En este sentido, y en primer lugar, la FAO sufriría una rotunda fragmentación física al quedar separada una de sus naves principales, la de cañones de Ildefonso del Río, del resto de la trama originaria mediante la introducción de los cuatro carriles de la antigua “autopista Y” en el interior del recinto. Una infraestructura por la que transitarán más de veinte mil vehículos al día con su impacto acústico, atmosférico y paisajístico, acentuado al encajonarse el vial entre las edificaciones de La Fábrica.
También se produciría una amputación sustancial del conjunto por la demolición de una veintena de edificios, casi la mitad de los que lo integran. Edificios entre los que se cuentan el economato, el botiquín, el comedor de los obreros, los chalés de los directivos o la central térmica. La pérdida de esas referencias ya no permitiría entender la estructura compleja de una fábrica en la que las instalaciones productivas estaban acompañadas por otras de carácter complementario, auxiliar y de servicios, reflejando la concepción integral y también paternalista de las grandes factorías surgidas en el periodo de la industrialización.
Y por si la fragmentación y la amputación física de una parte la FAO no fuese suficiente atentado a su integridad y valor testimonial, el conjunto tendría que soportar también la desfiguración de su imagen armónica con la construcción de mil viviendas cuyas características relativas a la densidad, altura, morfología, materiales y estética romperían con el patrón homogéneo de las naves industriales y el ambiente propio del recinto. Para colofón, el anunciado hito arquitectónico consistente en la erección de una moderna torre de 25 plantas no se puede interpretar más que como una humillación in situ al legado histórico del Oviedo fabril y obrero que representa la FAO, además de rasgar también visualmente el skyline oriental de la ciudad en el que sobresalen otros dos hitos muy relevantes del patrimonio histórico: el Gasómetro de la Fábrica de Gas y la propia Catedral del Salvador.
Los responsables de la operación urbanística y su esencia especulativa
Los clásicos agentes vinculados a los negocios urbanísticos (constructores, promotores, fondos buitre) seguramente irán apareciendo más adelante para recoger sus beneficios, pero por el momento no han tomado directamente las riendas de la operación que se proyecta, sino que lo han hecho los representantes políticos de los tres niveles de la Administración. Precisamente aquellos a quienes la Constitución Española (en su artículo 46) y las normas que emanan de ella encomiendan la conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural han rehusado tomar medidas protectoras, abriendo en cambio el camino a la destrucción de un legado que se remonta al origen de la revolución industrial en Asturias.
La Administración Central, representada aquí por el Ministerio de Defensa es, como propietaria, la garante de la custodia y mantenimiento de los bienes de la FAO, pero a la vista está que no ha ejercido esa responsabilidad dejando, por el contrario, que se haya ido mermando su valor mediante el expolio de los bienes muebles y la ruina de los inmuebles. A lo largo de los años de negociación sobre el futuro de la Vega y como también se refleja en el nuevo Protocolo, sus propuestas se han limitado a la vertiente económica intentando obtener por la cesión del suelo y los edificios el mayor beneficio posible, sea mediante pago o a través de las plusvalías derivadas de la construcción en una parte de los terrenos. En ningún documento consta alguna cautela por parte de esta instancia respecto a la cuestión patrimonial o la rehabilitación del conjunto.
La Administración Autonómica tiene atribuidas, a través del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, las competencias y los instrumento para proteger de manera efectiva el patrimonio de la FAO, mediante su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) o su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA), pero también ha eludido su responsabilidad, incluso cuando le fue exigida en sede parlamentaria, argumentando falsamente que la facultad competencial correspondería al Estado central, al que tampoco ha requerido para que, en su caso, la ejerciese.
¿Y qué decir del Ayuntamiento de Oviedo, en cuyo Catálogo de edificios y elementos protegidos del PGO solo se han incluido cuatro elementos de la FAO (claustro, capilla, una caseta y la chimenea de la antigua fundición) y a cuyo alcalde jamás se le ha oído hablar del valor histórico de La Vega, sino exclusivamente de su potencial lucrativo? El desprecio de este regidor hacia el patrimonio industrial (y el patrimonio en general) es correlativo a su grado de ignorancia sobre el mismo y a su tosca formación bancaria.
Está bastante claro, en definitiva, que hay una complicidad entre los tres agentes institucionales implicados para evitar que una adecuada protección del patrimonio pueda obstaculizar el principal objetivo que persigue la intervención: aprovechar la estratégica localización de la FAO y recurrir a la recalificación de gran parte de los terrenos para obtener beneficios especulativos. Es el mecanismo clásico del negocio urbanístico en el que la adquisición de suelo barato (en este caso industrial) y su posterior transformación administrativa en suelo apto para usos residenciales o de servicios eleva automáticamente su valor de mercado sin que se hayan producido otras mejoras e inversiones, sino aprovechando simplemente la información privilegiada y la ayuda de los poderes públicos que tienen la potestad para recalificar los terrenos. Una vulneración más del precepto constitucional (recogido en este caso en el artículo 47) que obliga a dichos poderes a “regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Una operación urdida de espaldas a la ciudadanía
Las decisiones sobre la FAO que se han venido urdiendo en estos años, y que quedan reflejadas sin mucho disimulo en el referido Protocolo, se han tomado siempre de una manera opaca, ocultando a la ciudadanía toda la información y negando cualquier posibilidad de participación. Y no solo a la ciudadanía sino también al tejido asociativo, a los expertos en patrimonio y hasta a los propios representantes políticos de la oposición. Sólo la Cámara de Comercio, como representante de los intereses empresariales -y no casualmente- ha sido invitada a participar de la información y de las deliberaciones y los proyectos que se iban pergeñando. Y Todo ello bajo el pretexto de mantener la confidencialidad como si pudiesen ponerse en peligro secretos relacionados con la seguridad nacional o patentes de gran valor estratégico.
La ausencia de transparencia y, por lo tanto, de control no puede ser ajena a la búsqueda premeditada de un alto grado de discrecionalidad y monopolio en la toma de decisiones que tienen importantes repercusiones económicas y sociales y que, en muchos casos, han servido para amparar o esconder maniobras corruptas, como ocurrió de manera muy generalizada en el periodo previo al estallido de la “burbuja inmobiliaria”. Sobre todo, teniendo en cuenta que el modelo de intervención que se anuncia para la FAO apenas difiere del que se vino utilizando en aquel periodo nefasto del urbanismo español, como se reconoce y se describe en el “Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español” del propio Ministerio de Vivienda.
Otra vez el viejo modelo insostenible del ladrillo que fuerza la construcción de nuevos inmuebles mientras derriba los antiguos y que lo hace sobredimensionando el uso residencial en una ciudad en la que todavía hay un excedente de casi veinte mil viviendas sin ocupar, grandes cantidades de suelo urbanizable sin desarrollar y en la que la población envejece y decrece de manera constante. Otra vez la construcción de grandes e injustificados edificios supuestamente emblemáticos que nadie ha reclamado. Otra vez la supeditación de la estructura viaria al uso del automóvil y, sobre todo, del patrimonio común al interés especulativo.
¿Oviedo en la vanguardia?
Volviendo ahora la vista al principio ¿de verdad, no parece una muestra de cinismo obsceno hablar de vanguardismo para referirse al proyecto que se acaba de anunciar y en el que los objetivos y conceptos que, para el urbanismo del siglo XXI, se incluyen en las Agendas Urbanas Mundial y Europea ni siquiera se mencionan? El respeto a la identidad forjada históricamente en las ciudades, la atención prioritaria al medio ambiente y la la movilidad sostenible, el metabolismo urbano, la participación ciudadana o la perspectiva de género parecen corresponder a un lenguaje desconocido en Asturias y en Oviedo, lo que tampoco es extraño teniendo en cuenta que estamos en la única comunidad autónoma que aún no ha redactado su Agenda Urbana para el horizonte 2030 y en una ciudad que está a punto de perder millones de ayudas europeas en fondos EDUSI por transformar el proyecto originalmente participativo y sostenible para el Bulevar de Santuyano en un engendro viario que precisamente desembocará en la propia Fábrica de Armas.
En estas circunstancias, la vuelta a la cordura en el urbanismo ovetense y la supervivencia del patrimonio dependen sobre todo de que la movilización social consiga imponer una nueva agenda interventora basada en la participación, la transparencia y la sostenibilidad ambiental, económica y social.