Soraya Calvo González, profesora del Dpto. de Ciencias de la Educación y delegada de Izquierda Sindical Asturiana (ISA) en la Universidad de Oviedo.
Eva Mª Fernández Fdez., personal de administración del Dpto. de Matemáticas y delegada de Izquierda Sindical Asturiana (ISA) en la Universidad de Oviedo.
La semana pasada el diario asturiano de mayor difusión publicaba el apoyo de Principado y Ayuntamiento de Xixón a la creación del primer campus universitario privado de Asturias, para cuyo desarrollo la empresa propietaria de la Universidad Europea ya ha adquirido una parcela en La Pecuaria.
En principio, y siempre según las noticias aparecidas en la prensa, son dos empresas las que han mostrado interés en instalarse en nuestra comunidad autónoma, la Universidad Europea y la Universidad Nebrija, ambas con sede central en Madrid. Con su establecimiento Asturies dejará de ser esa isla de educación superior pública entre tantos centros privados que han ido apareciendo a lo largo y ancho del territorio estatal en estas últimas décadas, al calor de regulaciones favorables y muchas veces, pocas exigencias. Es importante señalar que, en la actualidad, en el Estado Español, y según datos de la Secretaría General de Universidades, existían en el curso 2023/2024 91 Universidades que expedían títulos oficiales en el territorio nacional, de las cuales 50 eran públicas y 41 privadas. En la actualidad el número de Universidades Privadas dependientes de empresas e Iglesia está en aumento continuado debido a la tramitación y aprobación de licencias a nuevos centros en Galicia, Extremadura, Andalucía o Baleares, entre otras CCAA. Estamos hablando de un total de 14 nuevas Universidades que esperan comenzar su docencia en los próximos meses.
Para Izquierda Sindical Asturiana (ISA), lejos de ser una buena noticia, como manifiestan entusiasmados los gobiernos locales y regional, es un asunto de grave preocupación. Consideramos que las declaraciones de nuestras responsables de política universitaria aplaudiendo estas inversiones son muy controvertidas, más aún si tenemos en cuenta la impasividad e inacción en la actualidad de los complementos autonómicos del PDI que llevamos exigiendo las fuerzas sindicales en unidad en los últimos meses.
Nuestra Universidad pública tiene muchas cosas de las que sentirse orgullosa. UniOvi genera el 80% de la investigación realizada en Asturies, un producto orientado a la mejora de la vida de todas las personas con un valor público incalculable. Esto es posible gracias al esfuerzo de un personal con remuneraciones en ocasiones precarias y con situaciones de inestabilidad dilatadas en el tiempo. La carrera académica es un camino de fondo, con muchos años de salarios bajos y un futuro imprevisible para personas con trabajos de valor social significativo y con una preparación previa de alto nivel. Sueldos muy por debajo de lo que ofrece el mercado; y contratos temporales sin garantías de estabilización. No suena muy competitivo.
Y evidentemente, no todo es investigación: también tenemos buen profesorado que hace posible que tengamos promociones con personas bien preparadas que muchas veces tienen que salir de Asturias para demostrar lo que valen.
Somos una Universidad inserta en una Comunidad en crisis estructural desde hace décadas, y a pesar de ello los resultados son positivos y tienen fuerza. La oferta de UniOvi se mantiene a un nivel más que decente con unos precios por matrícula de los más bajos, si no los más bajos, de toda la geografía española. Todo ello, con una población de escaso millón de habitantes y una proporción de jóvenes que no remonta desde los 80-90.
Nuestra institución tiene enormes carencias a pesar del contrato de financiación plurianual, que se ha firmado con el Principado y que viene a dar un respiro mínimo. No hay más que ver la incapacidad de atraer docentes en ciertas especialidades, como informática o matemáticas -¿quién que no tenga una enorme convicción va a venir a la Universidad si en las empresas se pagan mejores salarios sin tener que pasar años de formación?-, el déficit de infraestructuras y los problemas en muchas de las instalaciones, la carencia de la formación requerida para el reciclaje del personal no docente, etc.
En ese contexto llegan las propuestas de las dos empresas educativas privadas, con la Universidad Europea como avanzadilla en Xixón. Pero, ¿es necesaria la presencia de estas empresas? ¿qué complementariedad van a proporcionar si salvo el de Arquitectura todos los títulos que se van a impartir están duplicados en nuestra Universidad? ¿qué van a aportar a la sociedad asturiana? Sinceramente creemos que más bien van a restar el valor de lo público.
Es llamativo que ambas van a comenzar ofreciendo estudios de la rama sanitaria: Enfermería y Medicina. Parece que responden a una demanda social, aunque no sabemos cómo se va a hacer frente a las necesidades que requieren los estudios. En el caso de Medicina, facultativas y equipos rectorales llevan tiempo advirtiendo que no se trata de que falten plazas en nuestras universidades, ya que somos uno de los países desarrollados con más facultades de medicina por habitante. Es más, el Estado acaba de financiar este curso el aumento de plazas en facultades de varias universidades públicas. Es más bien un problema de falta de atracción de ciertas especialidades, como la medicina de familia. Otro problema es que estos estudios requieren centros hospitalarios para realizar prácticas. Ese aspecto es uno de los más costosos porque exige la dedicación del personal sanitario a la formación, que debe compatibilizar con la actividad asistencial. Además, dichos estudios necesitan los propios espacios hospitalarios.
Ello plantea varios interrogantes, que requieren de reflexión y planificación. ¿Pueden los hospitales asturianos absorber y formar a todas las personas matriculadas en las distintas facultades de nuevo cuño? ¿de qué número de alumnado estamos hablando? ¿y quién va a pagar? Porque si lo van a pagar las empresas, ¿cuánto piensan cobrar al alumnado por la matrícula? Y en todo caso, es el sistema sanitario público el que lo va a asumir. ¿Podemos estar hablando otra vez de una privatización de beneficios y de la socialización de los costes? Parece que esta estrategia responde a una dinámica de mercado con intereses orientados a la privatización de la sanidad como tendencia global. Hace ya décadas que la educación y la sanidad se han convertido en un interesante nicho de negocio de todo tipo de empresas y fondos de inversión. Y ese es el objetivo, muy diferente del interés ciudadano.
Aún más inquietante es el contexto mundial que va permeando poco a poco en ciertas comunidades autónomas españolas, que es la asfixia económica progresiva de las universidades públicas. Si la infrafinanciación era la tónica habitual, ahora lo que estamos viendo es directamente la transferencia lenta pero constante de fondos públicos a las universidades privadas. A medio plazo, si la tendencia continúa, tendrá un efecto muy pernicioso en nuestro desarrollo como sociedad: la investigación de base se realiza mayoritariamente en centros públicos porque no tienen un retorno económico inmediato. La Universidad no es un centro de expedir títulos, sino un elemento fundamental dentro de la estrategia de desarrollo e investigación de los países. Esto es especialmente peligroso si entendemos que la investigación más rentable desde el punto de vista de mercado es aquella conectada directamente a las empresas, quedando la investigación básica y la investigación en humanidades, artes, e incluso ciencias sociales en un segundo plano y supeditada a lógicas mercantilistas.
Un aspecto importante en el plano sindical es la situación del personal a quienes se va a contratar. Un personal cuyas condiciones de estabilización son cada vez más duras, en cuanto a requisitos de estancias en el extranjero, publicaciones y horas de docencia, por un salario que dificulta encontrar docentes en algunas especialidades. No sabemos de dónde se va sacar, qué salarios van a percibir, qué condiciones laborales van a tener, o si se priorizarán los contratos a tiempo parcial y/o de “colaboración”, práctica habitual en las Universidades Privadas. De momento la única norma explícita de referencia es el Estatuto de los Trabajadores. Desconocemos si va a ser de aplicación algún convenio colectivo específico, como el VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas. Es más que probable que el personal acabe teniendo una alta rotación, que no es lo mejor para una institución educativa como la universitaria. Al personal técnico y administrativo, ni lo mencionamos. Si en nuestras universidades siempre se ha considerado como un elemento secundario, pese a la importancia esencial de su trabajo, no podemos hacernos una idea de lo será en estos casos.
Desde ISA no creemos que la competencia de las privadas vaya a mejorar el sistema, todo lo contrario, serán los mismos recursos aún más repartidos, lo que provoca a todas luces empobrecimiento de la población y de la calidad de los servicios. ¿O acaso alguien se cree que las empresas vienen a ofrecer inversiones por compromiso con Asturies? Con nuestro tamaño y peso económico deberíamos apostar aún más por una sola Universidad y pública, que sea para toda la ciudadanía y no sólo para quien se pueda comprar un título, y que se convierta de verdad en una herramienta social de futuro. Abrir la puerta a la irrupción de las Universidades Privadas en nuestra tierra es un ataque directo a la Universidad de Oviedo y a toda la comunidad educativa asturiana.