Pedro Roldán García es Presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa
Recientemente se ha alcanzado un importante acuerdo para la reforma de la legislación laboral. No es el objetivo de este artículo tratar de profundizar en los pormenores del mismo, sino tratar de enmarcarlo en el contexto de lo que se ha venido a llamar la «era de la post globalización».
Después de medio siglo de desorden neoliberal, el contrato social fordista, en el que se desarrolló el denominado Estado del Bienestar, había saltado hecho añicos. La ofensiva cultural y política impulsada por Thatcher y Reagan, auspiciada por las teorías económicas de los Hayek o Friedman, inició las políticas de privatización de los servicios públicos y de sectores estratégicos, puso la política monetaria y fiscal al servicio del capital financiero, favoreció las deslocalizaciones y desposeyó a la mayoría social de buena parte de sus derechos. Los difíciles equilibrios entre el capital y el trabajo se quebraron definitivamente, colapsando el ascensor social y generando una importante frustración en amplios sectores de la sociedad.
El neoliberalismo en definitiva favoreció un proceso de acumulación y concentración del capital, que dinamitó los consensos sobre los que se edificaron las sociedades occidentales.
La incapacidad para dar respuesta al profundo desgarro social derivado de la crisis de 2008 y al desafío de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de redifinir las relaciones sociales, construyendo un nuevo contrato social que satisfaga los anhelos de amplias mayorías. Este debe fundamentarse en tres pilares esenciales: recuperación de derechos laborales, progresividad fiscal y fortalecimiento de los servicios públicos.
Se trata de poner coto a la precariedad y al empobrecimiento crónico de amplios sectores de trabajadores, creando un escenario donde prime la negociación colectiva y se recupere el peso de las organizaciones sindicales. Los derechos laborales no pueden reposar en una negociación individualizada y asimétrica, sino que sólo se pueden ejercer y garantizar colectivamente desde una democratización de las relaciones laborales en el seno de las empresas.
Necesitamos una política fiscal que garantice el precepto constitucional de redistribución de la riqueza y sea capaz de atajar la desigualdad y la exclusión social.
El fortalecimiento de los servicios públicos es esencial para garantizar una efectiva universalización de derechos. Con la pandemia ha quedado patente que la sanidad pública es un elemento estructural para defendernos como sociedad.
Son imprescindibles políticas activas en materias como las que garantizan el acceso a la vivienda o las relacionadas con el sector energético, esenciales ambas tanto para la garantía de unas condiciones vitales dignas, como de cara al desarrollo y viabilidad de nuestra industria, máxime en una época marcada por profundos cambios derivados de la digitalización, la descarbonizacion consecuencia de la lucha contra el cambio climático, así como la incorporación de nuevas realidades como los cuidados desde una mirada feminista y de género.
El protagonismo de este cambio debe desbordar los tradicionales espacios de los partidos políticos, contando con una sociedad civil que ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad tanto para colaborar como para tejer acuerdos que mejoran la vida de la gente.
Se trata pues de ensanchar la democracia, desde una perspectiva heredera de la mejor tradición del movimiento obrero y de sus aspiraciones de emancipación hasta las nuevas demandas sociales del siglo XXI.