Puedes lleer equí la versión orixinal n’asturianu.
Marta Mori d’Arriba es escritora y profesora, miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Xixón y Vicepresidenta de la Academia de la Llingua Asturiana
La oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano es una reivindicación de la izquierda asturiana que se lleva aplazando más de cuarenta años, impidiendo el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos de una parte de la ciudadanía de Asturies.
La reivindicación del asturiano no es, como la presenta una parte de la prensa estatal, una demanda reciente. En los años setenta del siglo XX, ocupaba ya un espacio relevante en la agenda política de la izquierda. Una de las primeras manifestaciones autorizadas que se celebraron en Asturies, en 1976, fue para pedir la presencia del “bable nes escueles”. Al acto que convocó Conceyu Bable, acudieron los partidos políticos y los sindicatos de la oposición antifranquista que por entonces estaban agrupados en Coordinación Democrática.
Que la izquierda asturiana apoyara la normalización del asturiano es algo que no un tendría que sorprender a nadie. La situación lingüística de Asturies no era distinta a la de otras regiones y países donde en aquellos años se había creado o se había revitalizado un movimiento de recuperación de la lengua propia, llámense País Vasco, Bretaña, Galas, Quebec, Paraguay o Cataluña. En todos los territorios mentados, se daba una convivencia de dos lenguas: la que los libros de texto y las normas jurídicas reconocían como tal, que coincidía, en todos los casos, con el idioma oficial del Estado, y la que hablaba la clase trabajadora, a la que habitualmente se le negaba la condición de lengua y, en el caso del asturiano, hasta la propia existencia.
Al defender lengua de los abuelos y abuelas, muchos de los activistas españolas que participaban en los diferentes movimientos de recuperación lingüística en un querían otra cosa que dignificar y poner a salvo el patrimonio popular. Trataban de evitar que se perdiera el instrumento de comunicación tradicional por medio de de una demanda que, al lado de la significación identitaria, implicaba la reivindicación de un rasgo de clase.
En los años setenta del siglo XX, el activismo lingüístico de izquierdas no ignoraba que la estigmatización de las lenguas populares responde a una praxis política calculada. La uniformidad lingüística es una forma de violencia institucional, un tipo de dominación simbólica que el franquismo ejerció en diferentes niveles: prohibiendo la utilización de lenguas como el catalán o el vasco o reprimiendo, en el ámbito educativo, el empleo de lenguas campesinas como el asturiano y el gallego. Esta dimensión de las reivindicaciones lingüísticas fue quedando desplazada, en los años ochenta, a causa de la relevancia que alcanzaron partidos nacionalistas catalanes y vascos en la escena estatal.
En la construcción de la España de las autonomías, la evolución de los diferentes movimientos de reivindicación lingüística estuvo completamente marcada por el discurso de los nacionalismos políticos. En las comunidades autónomas donde triunfaron los partidos nacionalistas, las lenguas autóctonas se usaron de modo creciente como bandera de intereses que iban más allá de la defensa del patrimonio lingüístico popular. Este hecho explica la diversidad de ritmos que han seguido los procesos de promoción y normalización de las lenguas minoritarias en los diferentes territorios. En Cataluña, los gobiernos de Convergència han llevado la defensa del catalán al extremo; en Asturies, en cambio, donde no había un nacionalismo fuerte y donde la agenda política estaba muy condicionada por los problemas laborales, la reivindicación lingüística ha sido aplazándose.
En 1981, año de la promulgación del Estatuto de Autonomía, Asturies no tenía ni la base política nacionalista de Cataluña y el País Vasco, donde gran parte de la población consideraba la lengua autóctona como una seña de identidad colectiva importantísima, ni la tradición literaria y cultural de Galicia, que el Partido Popular ha sabido patrimonializar, separándola del nacionalismo. En términos generales, no existía conciencia de la lengua, es decir, la mayor parte de la población no era capaz de distinguirla del castellano, no la reconocía como lengua o no la valoraba. En este contexto, el discurso político que se va forjando sobre el asturiano y el gallego-asturiano está más influido por el que pasa fuera de Asturies que por las demandas de la ciudadanía. Las fuerzas políticas asturianas priorizan la estabilidad del sistema de gobierno en construcción -una estabilidad que Asturies necesita especialmente para sobrellevar la crisis económica- y empiezan una veces a aplazar la toma de decisiones sobre la cuestión lingüística y otras a aplicarle patrones de pensamiento que no se corresponden con la realidad asturiana.
Que filólogos y filólogas con proyección internacional hayan declarado que el asturiano tiene un dominio y una entidad idiomática propias, que los estudios históricos hayan enseñado que era ésta la lengua que se hablaba no solo en los pueblos, sino también en las asambleas y acciones obreras hasta bien entrado el siglo XX, que la antropología haya reconocido el valor y la especificidad cultural de las lenguas propias de Asturies ha tenido muy poca influencia en el desarrollo de la política regional. La dinámica que ha prevalecido desde finales de los años setenta ha sido siempre la misma: el desconocimiento y la falta de valoración de lo propio -que supone desconocer y no valorar formas lingüísticas populares- y la aplicación de posicionamientos “por reflejo”, que extrapolan para el asturiano, rechazándolo, lo que se viene haciendo en otras comunidades autónomas con lenguas como el catalán, sin llegar a hacer lo que el asturiano necesita y una parte de la ciudadanía reclama.
La oficialización del asturiano que es lo que se debate ahora, no es, como señalan algunos partidos políticos, una demanda interesada ni oportunista y no guarda relación alguna con las tensiones territoriales vividas en España en los últimos años. En el artículo 3 de la Constitución española se dice: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas en consonancia con sus Estatutos”. La población de Asturies que exige la oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano nada más que está pidiendo lo que a la mayoría de las lenguas regionales españolas se les ha concedido de antemano, es decir, un estatus jurídico que garantice que la ciudadanía, si quiere, pueda ejercer su derechos lingüísticos. El marco jurídico actual -el Estatuto de Autonomía de Asturies, donde se hablar de protección y promoción del bable, y la Ley 1/1998 de utilización y protección del asturiano, donde se regula la enseñanza y la utilización administrativa, en los medios de comunicación y en la producción audiovisual, aparte de en la toponimia- no solo no han servido para frenar pérdida de hablantes, sino que no un han sido capaces de solucionar la casuística que se les plantea a los usuarios en muchas situaciones.
Un ejemplo significativo lo hemos visto en la primera comparecencia en la Xunta Xeneral del Principáu de la Consejera de Cultura Berta Piñán, cuando los diputados de Vox y del Partido Popular se han negado a que la intervención se llevase a cabo en asturiano, alegando dificultades de inteligibilidad. La situación ha obligado al Gobierno a establecer una nueva normativa que no ha servido para solucionar el problema, pues en cada intervención siguen poniéndole impedimentos para expresarse en su lengua, como la exigencia de traducción o de duplicación de los comunicados. Lo mismo pasa en la Universidad, donde la modificación de los Estatutos con el objetivo de garantizar la utilización del asturiano no impide que cada cierto tiempo una parte del personal administrativo o docente ponga obstáculos a los usuarios de esta lengua para emplearla en los exámenes o en la elaboración de trabajos de fin de estudios o tesis doctorales.
Es inaceptable que la ciudadanía asturiana tenga menos derechos que otros españoles. La oficialidad no está pensada para obligar a nadie a abandonar la utilización del castellano ni es excusa para destruir nación española que, según el mito de Covadonga, surge precisamente en Asturies, en un territorio, conviene recordar, donde estaba naciendo el romance astur-leonés. La oficialidad, en definitiva, es solo una exigencia de equiparación, una demanda de igualdad que permitiría dignificar completamente, y recuperar con mayor efectividad, las lenguas de las clases populares de Asturias.
No deja de ser chocante que la conciencia sobre los derechos lingüísticos les resulte tan evidente a los defensores de la utilización del castellano y que estas mismas personas muestren un comportamiento no sólo de desapego, sino incluso de rechazo, ante la posibilidad de que las asturianas y los asturianos podamos ejercer libremente los derechos lingüísticos que en los corresponden. El derecho a aprender la lengua y a usarla libremente en cualquier ámbito, ya sea en el bar o en la comisaría, en el colegio o declarando en un juzgado. Sin violencia ni provocación, sin ánimo ninguno de imponer nada, como en estos versos de la poeta Lurdes Álvarez que resuenan como una declaración de amor:“Palabres clares de la mio casa,/rellumos marxinales que recoyéis la voz/nel frío los inviernos, palabres ensin dicir,/palabres calteníes na mio llingua: ámovos”.