Eduardo González de Molina Navarro es ex Coordinador del Museo de la Autonomía de Andalucía y ex Jefe del Área de Investigación del Centro de Estudios Andaluces
En este año y en este mes se cumplen 41 años de la celebración del Referéndum de Autonomía de Andalucía. La fecha mítica fue el 28 de febrero. Ese día Andalucía accedió a su autogobierno por el artículo 151 de la Constitución, la vía más difícil, pero la que posibilitaba equiparar su techo competencial a las Comunidades llamadas históricas.
Antes de este hubo otros intentos en Andalucía, todos ellos enmarcados en el debate territorial en nuestro país y en la consecuente tensión entre el centralismo y la descentralización. La cuestión nacional perdura desde hace más de dos siglos, y ha supuesto, y supone, uno de los conflictos políticos recurrentes desde la Constitución de 1812 que promulgó la nación española, cómo, por ejemplo, el actual conflicto catalán.
Andalucía participó en las dos experiencias anteriores, siempre en periodos democráticos. En primer lugar, en el intento de solución federal de la Primera República y, en segundo lugar, durante la Segunda República, con el llamado Estado Integral. En este periodo jugó un papel dinamizador el Andalucismo histórico, destacando la figura señera de Blas Infante y que, junto al Presidente Socialista de la Diputación de Sevilla, Hermenegildo Casas, impulsaron el autogobierno andaluz, llegando a aprobar un proyecto de Estatuto de Andalucía, frustrado por el golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil, que con la victoria de los sublevados se enterró dicho proyecto.
Una vez que de nuevo aparece en nuestra historia la posibilidad de acceder al autogobierno y, desde el primer momento, Andalucía se dispone iniciar el camino de reivindicar su autonomía. Sin embargo, Andalucía se rebeló contra el diseño constitucional que separaba a las comunidades en históricas, y autonomías no históricas. Se trataba de que las comunidades que hubieran aprobado un Estatuto durante la Segunda República, que disfrutarían de ese derecho, que eran Cataluña, País Vasco y Galicia, a las demás se les reservaba el acceso a la autonomía por la vía del 143, que suponía unas menores competencias y una menor capacidad de autogobierno.
El punto de partida fue la Ley de Reforma Política aprobada por Referéndum en 1976. Constituidas las Cortes Generales se consigue la aprobación de la nueva Constitución en diciembre de 1978, y de acuerdo con lo establecido en el texto constitucional, se inicia la formación de España como Estado de las Autonomías.
En Andalucía la Transición democrática corre pareja a la reivindicación del autogobierno. Es decir, libertad y autonomía es un binomio indisociable de las reivindicaciones ciudadanas en ese periodo histórico. No en balde en las primeras manifestaciones habidas en la Transición se coreaba el lema: “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”. Pero no fue nada fácil, solo el empeño y una masiva participación permitió acceder a la Autonomía con el máximo techo competencial que permitía la Constitución. Así pues, el rasgo más distintivo de este periodo de la historia de Andalucía, fue la importancia decisiva que tuvo la enorme movilización ciudadana en relación a otros periodos democráticos de nuestra historia.
Así el 4 de diciembre de 1977, antes de que se aprobara la Constitución española, un millón y medio de andaluces salieron a la calle en demanda de la Autonomía de Andalucía. Este extraordinario acontecimiento empujó decisivamente a la Asamblea de Parlamentarios al inicio de la reivindicación de la autonomía para Andalucía.
Este proceso hacía la autonomía plena tuvo que sortear numerosas dificultades y obstáculos. La superación de todas ellas significó para la ciudadanía andaluza la victoria más importante de la democracia incipiente en España, por tanto, la inequívoca voluntad del pueblo andaluz por la lucha por la democracia y el autogobierno constituyó una de las señas de identidad diferenciales de la autonomía andaluza.
La pretensión de la derecha política española UCD y AP que se accediera por la vía lenta, las cortapisas para solicitar la vía rápida, lo incomprensible de la pregunta formulada en la papeleta de votación, y los durísimos requisitos para ganar el referéndum, etc., cayó hecho añicos el 28 de febrero de 1980, fecha que marca un hito en la configuración de Andalucía como Comunidad Autónoma. A partir de ahí, se aprueba en octubre de 1981 el primer Estatuto y, en la primavera de 1982, se celebran las primeras elecciones autonómicas y se constituye el primer Parlamento de la Historia de Andalucía.
Para comprender en toda su exactitud lo dificultoso del proceso del acceso de Andalucía a su Autonomía, sería conveniente recordar cómo se recogía en el título octavo de la Constitución la articulación territorial en relación a la definición de la España de las Autonomías y la cuestión de las vías para su acceso. Como se sabe la Constitución no establecía un modelo concreto de articulación territorial del Estado, ni tampoco fijaba el número, definición y/o delimitación de las posibles y futuras Comunidades Autónomas. Pero si recogía dos vías de acceso, una privilegiada y rápida (ya hemos dicho que esta estaba reservada para aquellas comunidades que habían aprobado durante la Segunda República sus Estatutos de Autonomía) y otra, normal o lenta, recogida en los artículos 143 y 146 de la Constitución. Era muy importante políticamente esas dos vías, a las primeras se les garantizaba unas instituciones de rango constitucional, amplias competencias y la inmediata iniciación de la elaboración del Estatuto. Las demás se verían recortadas sus competencias y con una naturaleza puramente administrativa.
Pero también se recogía en la propia Constitución la posibilidad de transitar de una vía a otra por el carril del artículo 151, que posibilitaba acceder a la vía rápida si conseguía superar una serie requisitos de difícil alcance; uno, que la iniciativa fuera aprobada por ¾ partes de los municipios de la provincia, y dos, que fuera ratificada posteriormente en un referéndum con el voto afirmativo de la mayoría de los electores (no de los votantes) en todas y cada una de las provincias, y sí se superaban, podía entrar por el grupo de comunidades privilegiadas. Eso fue lo que ocurrió.
El primer trámite del proceso autonómico se superó por acuerdo de 11 partidos políticos en el llamado Pacto de Antequera promovido por el Presidente de la preautonomía Placido Fernández Viagas. Firmaron UCD, PSOE, PCE, PSA, AP y otras fuerzas extraparlamentarias andaluzas. A continuación,la mayoría de los ayuntamientos andaluces aprobaron mociones favorables a iniciar el proceso autonómico por la vía del 151.
El 28 de diciembre se aprobó la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum, ya podía celebrarse la consulta. Pero en enero la UCD se echa atrás y decide encauzar la Autonomía andaluza por el artículo 143, es decir por la vía lenta y de menor autogobierno. Ante esos hechos el Presidente de la Junta Preautonómica, el socialista Rafael Escuredo, se declaró en huelga de hambre dadas las condiciones que el gobierno de Suarez imponía al referéndum. Para mayor dificultad, AP acuerda pedir la abstención y la UCD acuerda pedir el voto negativo o la abstención con el lema “Andaluz, este no es tu referéndum. Si vas a votar vota en blanco”. Se quedaban los partidos de la izquierda y un sector minoritario de UCD, con Clavero Arévalo a la cabeza apoyando el “sí” en la consulta.
El 28 de febrero, cerca de 2 millones y medio de andaluces (el 58% del censo) votan a favor de la ratificación de la iniciativa autonómica. El resultado oficial del recuento señala que el “sí” prospera en siete provincias y queda descolgada Almería. El referéndum es una clara victoria política, pero queda bloqueada legalmente por la condición de que se aprobara en todas y cada una de las provincias. Durante el desarrollo del plebiscito se constataron numerosas irregularidades y deficiencias en los registros del censo electoral (personas fallecidas que aparecieron inscritas, menores de edad registrados como votantes, como ejemplo de lo dicho se dio la casualidad de que el propio Presidente de la Junta Rafael Escuredo no aparecía en el censo y en cambio si aparecía su hija. (Personalmente fui testigo de lo anteriormente descrito, en aquel momento era el representante legal ante la Junta Electoral por el PCE).
La presión popular y la de los partidos de las izquierdas andaluzas propiciaron movilizaciones y movimientos políticos a favor de desencallar la situación y, después de un intento fallido de encauzar la solución por la vía del artículo 144, fruto de un pacto entre el PSA y el Gobierno de Suarez, error que el entonces PSA pagó electoralmente hasta su desaparición del panorama político andaluz, la Junta Preautonómica y los partidos de la izquierda, fundamentalmente PSOE Y PCE, rechazaron esta solución. Por fin, producto del pacto entre UCD y el PSOE se alcanza el acuerdo de aceptar dos proposiciones de Ley para el desbloqueo, que firman los grupos parlamentarios centrista, socialista, andalucista y comunista.
Finalmente el 4 de diciembre se constituye oficialmente en Carmona la comisión que redactará el Anteproyecto de Estatuto de Andalucía. Que se aprobará en Referéndum popular el 20 de octubre de 1981.
Aunque se ha escrito mucho sobre esta cuestión hay que decir que el proceso iniciado por Andalucía no respondía a un intento de equilibrar el Estado Autonómico, como mantienen en su libro “Mereció la Pena. La lucha de Andalucía por su autonomía, Rafael Escuredo y Juan Cano Bueso: “Andalucía luchó para sí, no lo hizo para lograr una equiparación del conjunto de España con las nacionalidades históricas de Euskadi, Cataluña y Galicia. Aquello fue una lucha en solitario del pueblo andaluz para situar a nuestra tierra en el lugar que le corresponde” (1). Aunque la igualación entre comunidades se produjera posteriormente, con el pacto alcanzado entre UCD y el PSOE, con la oposición del PCE y los nacionalistas en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) aprobada después del golpe de Estado del 23F.
El proceso autonómico andaluz se distinguió, entre otras, por dos de características esenciales, gracias a las cuales se alcanzó el éxito en el referéndum, de un lado, el impulso dado por la ciudadanía y, de otro, el apoyo sin desmayo de los partidos de izquierdas: socialistas, comunistas y andalucistas. Cuestión ésta muy relevante porqué explica en buena medida la hegemonía política y electoral que detentó la izquierda hasta fechas muy recientes, especialmente el PSOE, comenzando por el periodo encabezado por Rafael Escuredo que lideró con enorme acierto el proceso autonómico andaluz y el posterior desarrollo del Estatuto.
Hay que hacer constar que el inicio del proceso autonómico andaluz surgió del sentimiento de frustración, especialmente durante el período del centralismo franquista, de lo que suponía el subdesarrollo y el atraso económico y social que Andalucía padecía. Este sentimiento había llevado a los andaluces a considerar que sólo accediendo al autogobierno sería posible el desarrollo económico y social de la comunidad. De esta manera se abrió paso en la conciencia andaluza una cultura política que identificaba democracia, desarrollo económico y social, con autonomía política. En la conciencia popular el subdesarrollo de la región se había conformado también como una variante de la desigualdad, entre los territorios ricos del norte y los pobres del sur. Así, la lucha por la democracia apareció indisolublemente unida a la lucha por la autonomía, en la creencia que el autogobierno supondría que quedaran atrás los tiempos de la discriminación económica y social.
Como afirma Pérez Yruela: (2)“El relato identitario del subdesarrollo y las carencias que hacían de Andalucía una sociedad más distante y distinta que igual respecto a su entorno español y europeo de referencia, fue el que dio contenido a las propuestas políticas del primer gobierno autonómico. Las políticas públicas se concentraron en la solución de sus carencias” y, añade; “Los relatos identitarios, como motores de la acción social y política, llevan implícitas demandas sociales y aspiraciones hacia cuya solución deben dirigirse esa acción. Esas políticas han cubierto un ciclo en Andalucía. El resultado de su aplicación ha sido la normalización entendida en el sentido de que Andalucía y los andaluces hayamos dejado de ser una excepción y nos hayamos convertido en una comunidad política con problemas y rasgos más menos similares a los de nuestro entorno”.
En esencia la identidad andaluza es una identidad fluida, no esencialista, en permanente transformación y adaptación al contexto relacional en el que se desarrolla.
La aportación de Andalucía, y su experiencia histórica al debate territorial español, se basa en la intención de caminar por un discurso basado en la pluralidad cultural y la identidad política democrática. En explorar una solución de corte federalista. Esta puede ser la aportación andaluza a la gran cuestión territorial en la España actual.
(1) Entrevista a Rafael Escuredo con motivo de la publicación del libro “Mereció la Pena”, en El Diario.
(2) “Un relato sobre la Identidad y Vida Buena en Andalucía” Manuel Pérez Yruela, Centro de Estudios Andaluces.